Dos académicas, una notaria y dos funcionarios del Gobierno del Estado de México integran el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que se encargará de convocar, analizar y elegir la tercera parte de los candidatos a jueces y magistrados locales.
Los seleccionados con perfil académico son María José Bernáldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la UAEMex; y Fátima Esther Martínez Mejía, directora de la Red de Académicas Feministas, licenciada en Derecho por la UAEMex, con maestría y doctorado en Humanidades.
El Acuerdo de la gobernadora Delfina Gómez por el que se crea este organismo que se hará cargo de la elaboración de los listados de los candidatos que participarán en el proceso judicial local extraordinario dispone, además, que Ana Cecilia Baltazar Reyes, titular de la Notaría Pública 71 de Ocoyoacac, también formará parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
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Mientras, del género masculino, pero también funcionarios del Gobierno morenista, los otros dos integrantes del Comité son Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, exjuez y exmagistrado, doctorado en Derecho Procesal y Derecho Judicial; y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.
Este instrumento normativo dispone que el Comité tendrá entre sus funciones las de publicar la Convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones del Poder Ejecutivo; recibir, revisar e integrar los expedientes en versión electrónica de las personas aspirantes; e integrar y publicar los listados de personas aspirantes elegibles.
Además, calificará la idoneidad de las personas aspirantes para desempeñar el cargo, y publicará los listados de personas mejor evaluadas; después, mediante insaculación pública depurará los listados de las personas mejor evaluadas para obtener a las personas candidatas que postulará el Poder Ejecutivo; publicará los listados finales y los remitirá a la gobernadora para su envío a la Legislatura del Estado.
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También podrá adoptar las medidas necesarias para impedir filtraciones de información que favorezcan indebidamente a cualquiera de las personas aspirantes; resolver sobre los impedimentos que hagan valer sus integrantes; y emitir las reglas para su funcionamiento y nombrar a una persona secretaria técnica para el apoyo en el desarrollo de sus funciones.
De igual manera, podrá celebrar convenios con instituciones públicas que coadyuven en sus respectivos procesos y privilegiará el uso de las tecnologías de la información para la recepción de solicitudes, evaluación y selección de postulaciones.
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El acuerdo dispone que “el Comité de Evaluación gozará de plena autonomía para su organización interna y la realización de sus fines, contando con el apoyo del Poder Ejecutivo del Estado para garantizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos”.
Los transitorios prevén, de igual forma, que la Secretaría General de Gobierno y la Consejería Jurídica proveerán lo necesario para la implementación del Acuerdo.