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La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que personas servidoras públicas de las entidades fiscalizables municipales que capten, recauden, reciban, administren o manejen recursos del erario, están obligados a otorgar las cauciones o garantías a favor del municipio.

La Secretaría que se encarga de la ejecución del Salario Rosa debe aclarar el destino de otros 182 millones 918 mil pesos, derivados de la falta de comprobantes por otros servicios prestados, como asesorías, convenios y acuerdos, según precisó el auditor financiero Jaime Perdigón.

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