De 2017 a 2020, la deuda pública del Gobierno Estatal creció en 14.6%, al alcanzar 44 mil 974.6 millones de pesos, sin contabilizar las de 2021 y 2022, los Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público-Privadas, ni los pagos por servicio de deudas, admitieron funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización ante diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del OSFEM.
Al seguir el análisis del informe de resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del ejercicio fiscal 2020, los auditores indicaron, además, que ese año los pagos realizados por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por el Poder Ejecutivo estatal ascendieron a 16 mil 802.7 millones de pesos, lo que representó 5.4% sobre el total de los ingresos recaudados, que de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es una irregularidad porque el monto recomendado es menor.
Al responder a los cuestionamientos planteados por los diputados locales, los auditores explicaron que la revisión al Salario Rosa dio por resultado 11 pliegos de observaciones por la entrega de dinero del presupuesto 2020 a beneficiarios de 2018 y 2019, falta de evidencia documental y comprobatoria que confirme la entrega de recursos transferidos a los beneficiarios; entrega de recursos públicos a personas que no cumplen con las reglas de operación y pagos realizados provenientes de partidas presupuestales diferentes.
Los programas tampoco miden el grado de avance de las beneficiarias y si el recurso permite superar su situación de pobreza por ingresos, lo que ocurre también en el apoyo otorgado al mejoramiento de vivienda y educación, ni si gracias a las becas los estudiantes siguieron con su preparación académica.
La suma total de observaciones realizadas por el OSFEM a los programas sociales, recordaron, ascendió a 76, de las cuales se derivaron 80 recomendaciones para mejorarlos, mientras los subejercicios (recurso no ejercido) ascendieron a 937 millones 930 mil 823 pesos.
Respecto a la Auditoria Financiera realizada al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM), las observaciones generales en materia de inversión física de las obras respondieron al pago de trabajos no autorizados, obra pagada pero no ejecutada, costos de obras superiores al mercado, incumplimiento a los plazos de ejecución pactados, obras que incumplen el objeto del contrato, falta de comprobación y justificación del gasto y contrataciones improcedentes, por un monto total de 180 millones de pesos.
Los diputados también preguntaron sobre los 13 hallazgos encontrados en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México (GEM) que ese año ejerció 169 millones de pesos, a lo que el OSFEM precisó que no hay evidencia suficiente que acredite difusión de publicidad y propaganda en medios alternos y señalización exterior, ni en diseño de campañas de comunicación institucional y asesoría de apoyo técnico para materiales promocionales, y la dependencia está obligada a entregar los resultados observados.
También precisaron que la Auditoría Financiera y de Obra realizada a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) arrojó observaciones relacionadas con pago de obras superiores al mercado; la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra en materia inversión física, en su etapa de planeación, programación y presupuestación, reveló contratación de servicios no justificados, obras pagadas no ejecutadas y anticipos de pagos no ejecutados en la obra.
El OSFEM también informó que da seguimiento a 643 expedientes con observaciones no solventadas de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, lo que ha derivado en 113 expedientes de presunta responsabilidad administrativa que están fase de substanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem).
Además, por primera vez hay dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) ante el Trijaem derivados de denuncia ciudadana.