El Gobierno del Estado de México no debe pretender dar carpetazo al tema del autogobierno en el penal de Neza-Bordo con el traslado de nueve internos a otras cárceles, sino está obligado a investigar, sancionar y atacar las causas en ese y los demás centros penitenciarios mexiquenses, advirtió el diputado Gerardo Ulloa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la Legislatura local.
El morenista reconoció que el traslado de quienes fueron identificados como supuestos integrantes de una célula dedicada a extorsionar a otros internos marca un referente sobre la importancia de la denuncia, pero el tema no debe quedarse allí; es necesario, indicó, conocer las causas que generaron este fenómeno.
Indicó que la desarticulación de la supuesta banda dedicada a la extorsión de otras personas privadas de la libertad fue posible por la filtración a los medios de comunicación de videos donde se observaban las agresiones que sufrían los internos al negarse a pagar y por la exigencia de los diputados de Morena para que se investigaran las denuncias.
Sin embargo, insistió en que con el traslado no se debe dar carpetazo al caso; por el contrario, es preciso determinar si hubo contubernio de autoridades o custodios y debe vigilarse el centro penitenciario para detectar si no quedaron integrantes de la célula de supuestos extorsionadores.
Recordó que en el Estado de México existen 34 mil 100 reclusos por delitos del fuero común y del fuero federal, de acuerdo a cifras oficiales, con lo que se ubica en primer lugar en ocupación carcelaria, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado implemente mecanismos en todos los centros estatales de Readaptación Social (CERESOS) y en el federal (CEFERESO) del Altiplano para verificar y garantizar que no se registren casos como el del penal Neza-Bordo.