El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) negó la aplicación de auditorías selectivas en los ayuntamientos, a propósito de la revisión a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2020, como lo acusó el gobierno estatal a través de un comunicado que nadie suscribió.
El pasado lunes, la auditora superior de la entidad, Miroslava Carrillo, remitió a la Comisión de Vigilancia el Informe de Resultados correspondiente e indicó a sus integrantes que los montos observados más importantes se realizaron al Instituto de Salud (ISEM), la Fiscalía de Justicia estatal, el Consejo Estatal de la Mujer y los programas sociales.
Después, el gobierno del estado circuló por redes sociales un comunicado en que acusó que sólo 32 de los 125 municipios mexiquenses fueron auditados, pero no los de mayor importancia económica gobernados por Morena.
“El OSFEM sólo auditó 26% de los municipios gobernados por Morena, dejando fuera algunos de importancia económica como Toluca, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Tejupilco, Texcoco y Tultitlán”, destacó el documento.
En una especie de “desmentido” que se atribuyó a la Comisión de Vigilancia, pero cuyas precisiones nunca se realizaron durante la entrega del informe, también se justifica que únicamente 12% de los 136 mil 265 millones de pesos ejercidos ese año por el gobierno estatal –del sector central, porque una cantidad parecida es ejercida por paraestatales y órganos descentralizados- fueron observados; mientras 30% de los 28 mil millones observados fueron ejercidos por los municipios.
“La Comisión Legislativa de Vigilancia buscará hacer contrapesos, de tal manera que el OSFEM incluya en su Programa Anual de Auditoría una muestra mayor, así como mayor monto y número de municipios, principalmente los que se quedaron fuera en 2021, apegado siempre a la imparcialidad y la transparencia”, planteó el comunicado.
Por tanto, esta mañana Carrillo y su equipo de auditores rechazaron la existencia de una revisión selectiva; recordaron que las auditorías se programan de forma anual, se complementan con las de carácter especial –ordenadas por la Legislatura- y además se revisaron las Cuentas Públicas de 484 entidades.
“Fuimos al total de las entidades fiscalizables, hubo observaciones de todas: en planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, y/o transparencia. Hay observaciones de ayuntamientos y órganos descentralizados: los sistemas DIF, organismos de agua potable, institutos del deporte, etc.”, afirmó la titular del OSFEM.
Lo anterior, aseguró, incluye la revisión de Naucalpan y Toluca, y tan solo por citar un ejemplo, a Naucalpan se observaron 150 millones de pesos en una primera fase, de los que aún tiene pendientes por comprobar 4 millones de pesos.
De forma focalizada, precisó que todavía falta por revisar 38 ayuntamientos, lo que se hará al auditar la Cuenta Pública 2021 que todavía involucra a las administraciones salientes.
“La intención es ir a todos; el objetivo es llegar al menos una vez a cada municipio en el trienio”, anticipó.
Precisó que cuando asumió el cargo, se encontraron con que había paraísos fiscales olvidados, es decir, algunos entes no se fiscalizaban, mientras otros se revisaban de manera reiterada.
A la fecha, refirieron, alrededor de 30 servidores públicos, fundamentalmente municipales, han sido inhabilitados por periodos que van de cinco a 10 años, por montos no solventados de las Cuentas Públicas 2018; las de 2019 siguen en etapa de solventación, y se han tenido que resolver asuntos del 2003 y 2006 que se habían dejado pendientes por anteriores auditores.