Tres Pm

La otrora candidata Kenia Núñez Bautista, quien había obtenido mayor cantidad de votos que el exfiscal, promovió el Juicio de la Ciudadanía 2375/2025 en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), al considerar que fue indebidamente desplazada en la asignación del cargo por un hombre. Argumentó que se aplicó de manera rígida la norma, vulnerando el principio de paridad flexible.

Al resolver el juicio general 30 de 2025, los magistrados federales recordaron que el TEEM determinó que los alegatos de Velázquez eran inoperantes, ya que el Comité de Evaluación realizó la insaculación y el 28 de febrero envió a la Legislatura local la documentación con los listados de candidatos, los cuales fueron remitidos posteriormente al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Por ello, el TEEM desechó la impugnación.

Los magistrados además revocaron la sentencia de la Sala Toluca que había arrebatado el triunfo al Partido del Trabajo (PT) en Villa del Carbón y se lo dió al Revolucionario Institucional (PRI), por lo que la petista Ofelia Antonio Sandoval podrá gobernar a partir del primero de enero de 2025.

Los magistrados de la Sala Regional decidieron confirmar la sentencia controvertida al resultar ineficaces los agravios propuestos por las partes.

Los magistrados del TEPJF aseguraron que ninguna de las demandas reunía los requisitos de procedencia, por lo que no entraron al fondo de las denuncias ni analizaron los argumentos y, con ello, confirmaron las sentencias impugnadas.

Ayer, el magistrado Felipe de la Mata, publicó en redes sociales el proyecto de resolución que presentará este miércoles al pleno y que también será votado.

Marcela Elena Fernández, magistrada ponente, esgrimió que los criterios de la Sala Superior y de la propia Sala Regional establecen que la votación a emplear para la asignación de espacios plurinominales es la depurada (la válida efectiva), como lo estimó el TEEM.

NAEM consideró que la decisión es injusta y revela que los magistrados se encuentran subordinados a intereses políticos, aunque no presentó pruebas ni especificó al actor beneficiario de la determinación.

Los magistrados tomaron la determinación por unanimidad, en algunos casos porque los promoventes carecían de personería jurídica y, en otros, por presentarse de manera extemporánea.