La mayoría de las observaciones se dieron por pagos excedentes de nómina, irregularidades en los costos de las obras públicas, bienes inmuebles no presentados e ineficiencia en la ejecución de programas.
De acuerdo con una de las víctimas, la persona denunciada cuestionaba de forma constante la capacidad laboral de sus compañeros de oficina, realizaba expresiones vulgares y denigrantes con alto contenido sexual sobre sus compañeras y se burlaba de ellas por su apariencia física.
La Secretaría que se encarga de la ejecución del Salario Rosa debe aclarar el destino de otros 182 millones 918 mil pesos, derivados de la falta de comprobantes por otros servicios prestados, como asesorías, convenios y acuerdos, según precisó el auditor financiero Jaime Perdigón.
Fueron solventadas, y ya sólo falta que el organismo auditor las revise y determine si los documentos allegados cubren sus requerimientos.
Miroslava Carrillo, titular del OSFEM, también indicó que aún se investigan las razones por las que a través de dicho programa, en su vertiente de Beca Educativa, se benefició a estudiantes con un promedio de 5.17, cuando las reglas de operación demandaban un mínimo de 8.0.
Conforme al proyecto de calendario, la Cuenta Pública del Estado de México se revisará en cuatro sesiones. Si bien el 21 de abril iniciará el análisis, éste continuará hasta el 9 de junio, después el 16 y el 23 se dictaminará.
Los actos de fiscalización al Salario Rosa revelaron, por ejemplo, que hubo duplicidad de beneficiarios en el programa de apoyo a jóvenes; además, no existe certeza de que la ayuda económica y servicios se hayan destinado a la población objetivo y el padrón de beneficiarias no es confiable.
Estas cifras se desprenden del informe que Miroslava Carrillo, titular de la dependencia, remitió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia del OSFEM sobre las actividades realizadas por el organismo durante el año pasado.
Carrillo Martínez refirió a los legisladores que los reportes preliminares determinaron hallazgos significativos en dependencias estatales, pero no han concluido los procedimientos porque no han tenido audiencias con los respectivos entes, por motivos de la suspensión de plazos jurídicos por la pandemia.
