El morenista llamó al gobernador Alfredo del Mazo, a la Fiscalía mexiquense y el Poder Judicial estatal para establecer una mesa de trabajo en donde se escuche a los familiares del colectivo.
La presunta infracción tiene su origen en no haber comunicado a la Legislatura, la Diputación Permanente ni al cabildo los propósitos y objetivos del viaje, ni informar, dentro de los 10 días siguientes a su regreso, sobre las acciones realizadas.
“Ya en la Jucopo quedamos que la próxima semana seguramente el 23 de este mes, sesionarán las comisiones para retomar el tema y esperemos que ya se pueda dictaminar”, expuso"
Estas manifestaciones fueron realizadas tras la entrega, por escrito, del quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo, a través de Luis Felipe Puente, secretario general de Gobierno.
A la sesión de dictamen acudió Sodi Cuellar, por lo que los morenistas Ariel Juárez, Beatriz García y Max Correa aprovecharon para advertir que urgen cambios profundos al interior de las estructuras del aparato judicial.
El diputado Isaac Montoya destacó que los legisladores están para atender las demandas de la ciudadanía y no de los partidos políticos para la búsqueda del poder por el poder, por lo que las reformas jurídicas deben tener ese sentido.
La reforma fue promovida por los propios integrantes de la Junta, en el entendido de que las circunstancias son cambiantes y es posible encontrar la conformación de nuevos bloques mayoritarios, la desaparición de grupos parlamentarios
El morenista consideró que el debate jurídico de las reformas que requiere el Código Civil estatal se encuentra agotado, pues incluso reconocer esta figura es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no existen pretextos para no avalarla.
El Partido de la Revolución Democrática secundó los matrimonios igualitarios, agregó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y puso sobre la mesa otras como la penalización del robo de agua de reservas naturales, los tortibonos, protección a los animales y sistema penitenciario, entre otros.
Los legisladores solicitaron a los gobiernos municipales de Xonacatlán, Jilotzingo, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, quienes comparten territorio con el embalse, mejorar sus procesos de tratamiento de aguas residuales.
