Sancionar con hasta 10 años de cárcel a los servidores públicos que filtren o difundan imágenes o videos de cadáveres en casos sujetos a investigación, propuso el grupo parlamentario de Morena, en memoria del actor Octavio Ocaña fallecido el año pasado.
La diputada Luz María Hernández, autora de la “Ley Ocaña”, destacó la necesidad de aumentar la pena tras la difusión, por parte de elementos de seguridad pública de Cuautitlán Izcalli y paramédicos, de las imágenes de “Benito Rivers” (personaje de la comedia de televisión ´Vecinos´, a quien Octavio Ocaña daba vida) en el momento de su muerte.
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La ley busca aumentar la pena de 500 a mil UMAS (96 mil 220 pesos actuales) y a 10 años de prisión si la persona que difunde o permite la difusión de las imágenes es servidor público.
El padre de Octavio Ocaña consideró que el planteamiento es un avance significativo para sancionar el dolor que sufrió su familia y otras en circunstancias parecidas, pero, sobre todo, un parteaguas para la impartición de justicia en México.
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Hernández Bermúdez, en tanto, consideró que las sanciones actuales son insuficientes, y confió en que el incremento de penas evitará que se repitan situaciones como en el caso del histrión.
Indicó que el castigo actual estipulado en el Código Penal el Estado de México por esta conducta va de 50 a 100 veces el valor diario de la UMA, pero no se compara con el que se aplica en la Ciudad de México, que es diez veces mayor, lo que justifica la propuesta de incrementarla.
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También apuntó que el Código Penal consigna que se impondrán de tres a seis años de cárcel a quien cometa este delito que, de inicio, ya se considera doloso, sanción que se incrementa hasta en una tercera parte cuando el perpetrador es una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
No obstante, indicó, esto no siempre se cumple, como ocurrió en el caso Ocaña, por lo que, acompañada de los familiares de Octavio Ocaña y de especialistas de Lex Pro Humanitas, propuso elevar la sanción a 10 años de cárcel y que aplique a toda persona servidora pública sin considerar la institución a que pertenezca.
De esta manera, las sanciones se impondrían a quien audiograbe, envíe comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos relacionados con una investigación penal.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen, previo a ser votada en el pleno.