El diputado Martín Zepeda, coordinador parlamentario de MC, confió en que la determinación contribuya a transparentar el uso de recursos públicos.
Desde el punto de vista del quinto, sexta y séptimo regidores, la legislación vigente es clara en el sentido de que el suplente debe asumir el cargo en caso de las licencias del propietario que superen los cien días, pues de otra manera no tendría razón de ser que las planillas incluyan la figura de un alcalde suplente.
El planteamiento implica una reforma al artículo 125 de la Constitución local, conforme lo propuso la morenista Mónica Álvarez, quien recordó que ésta práctica ya se anuló a nivel federal y debe replicarse en territorio mexiquense.
Los panistas Narcizo Fierro y Francisco Rojas, y Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano (MC), se sumaron al punto de acuerdo por considerarlo viable y necesario.
La iniciativa del diputado Alfredo Quiroz además prevé la mejora de los mecanismos de asignación de recursos para realizar las precisiones generales de aplicación y erogación, seguimiento, control y rendición de cuentas.
El planteamiento ocurre después de que la ASF inició un expediente de presunta responsabilidad administrativa en contra de Ríos Velázquez y de quien fuera su tesorero, Miguel Ángel González Bárcenas
El exhorto fue promovido por los diputados morenistas Azucena Cisneros, Elba Aldana, Luz María Hernández, Faustino de la Cruz, Camilo Murillo y Daniel Sibaja
El morenista Gerardo Ulloa insistió en que el fiscal José Luis Cervantes Martínez está obligado a exigir a la Secretaría de Finanzas la transferencia del presupuesto que autorizó el Poder Legislativo local para la operación de ese órgano autónomo.
Omar Ortega, coordinador de la bancada del sol azteca, indicó que si bien no coincide del todo con las críticas ciudadanas en el sentido de que los diputados sólo cobran, no hacen nada o van a la Legislatura a dormir, tampoco se les puede culpar porque poco o nada se ha logrado, desde el Congreso local, incidir en sus vidas.
Los asistentes además plantearon hacer que el lenguaje de señas sea una materia escolar obligatoria, habilitar mecanismos para que personas con discapacidad tengan una oportunidad laboral, y pidieron etiquetar presupuesto para atender requerimientos específicos.
