Con el voto de Morena, Nueva Alianza y el diputado sin partido Rigoberto Vargas en contra, el pleno de la Legislatura mexiquense avaló las reformas que volverán obligatorios los gobiernos de coalición, permitirán el reparto de carteras en el gobierno entre coaligados y harán posibles las alianzas parlamentarias.
Las modificaciones al Código Electoral del Estado de México y la creación de la Ley de Gobiernos de Coalición fueron promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), como una condicionante del segundo para concretar la alianza “Va por el Estado de México” durante la contienda de gobernador del 2023.
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El morenista Daniel Sibaja adelantó que su bancada impugnará la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que es anticonstitucional, mientras sus compañeros Isaac Montoya, Faustino de la Cruz y Carmen de la Rosa acusaron que las modificaciones tienen como únicas motivaciones el proceso electoral en puerta y el interés personal para asegurar el reparto de las posiciones en el gobierno, pero de ninguna manera el de la sociedad.
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Este señalamiento fue negado por Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del sol azteca, quien justificó que los gobiernos de coalición no pueden ser inconstitucionales porque a nivel federal existen desde 2014 y en la entidad desde 2017.
Sibaja González advirtió que el Poder Legislativo no puede obligar al Ejecutivo a distribuir las posiciones del gabinete entre sus aliados, pues existe división de poderes; e indicó que resultará inoperante la intención de que los Tribunales Electorales resuelvan las controversias de las alianzas parlamentarias, pues sus atribuciones son estrictamente electorales pero de ninguna manera legislativas.
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Además, planteó que las leyes deben ser de observancia general y no un traje a la medida.
Su correligionario Isaac Montoya recordó que del México es un régimen presidencial, no parlamentario; “cuando no se reparte bien el botín, viene el motín”, dijo en alusión al interés de garantizar el reparto del pastel, pero de ninguna manera al pueblo porque ningún ciudadano está interesado en los gobiernos de coalición.
“Es una preocupación a nivel de cúpulas, porque es la manera de amarrar a un gobernante; se está condicionando al gobernador o gobernadora en su actuar; (la figura) no es herramienta para la transformación de la vida pública de la entidad, no se trata de otorgar el poder al pueblo, sino a los partidos”, planteó.
También consideró que la reforma se basa en el principio de la desconfianza entre coaligados porque el gobernador Alfredo del Mazo no les cumplió a sus aliados.
Sin especificar nombres, su compañero Faustino de la Cruz sugirió que los cambios revelan que Enrique Vargas, coordinador del albiceleste y quien aspira a la candidatura, ya cedió a este interés a cambio de espacios en el gobierno, por instrucción de Claudio X González, quien a su decir ve al Estado de México como una plaza. “Están acostumbrados al maiceo, a repartirse al botín”, acusó.
La también morenista Carmen de la Rosa expuso que la regulación de la figura revela que el Pacto por México ya no les funciona ni alcanza, “ahora legitiman sus intereses con reformas jurídicas”.
Dijo que la población rechaza que las decisiones se tomen en favor de los intereses de unos cuántos. Recordó que el sistema político del país es de contrapesos y alertó que las diferencias ideológicas entre aliados volverán inoperantes estos gobiernos.
Por el contrario, el perredista Omar Ortega justificó que la reforma garantizará la pluralidad y representatividad ciudadana en los gobiernos; “no se trata de repartirse en pastel, sino de que no tome las decisiones un solo personaje para hacer efectivo el equilibrio de Poder”, manifestó.
Adicionalmente, negó que la figura sea inconstitucional porque a nivel país se aprobó en 2014 y en la entidad en 2017.