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Publicado en EDOMÉX

Altos salarios les permiten a funcionarios enfrentar el COVID-19

Martes, 17 Noviembre 2020 00:01 Escrito por  Veneranda Mendoza

Aunque el COVID-19 no discrimina, en caso de contagio la burocracia dorada del Estado de México tiene, en primer lugar, como garantía de atención, seguridad social; ingresos que en el peor de los casos representan veinte veces el salario mínimo, la preservación del trabajo durante la pandemia, la posibilidad del aislamiento social y, de ser necesario, amigos y relaciones.

Hace apenas unos días, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Némer, anunció que resultó positivo a SARS-CoV-2, pero asintomático; antes que él, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura local, también había informado acerca de su contagio.

Para entonces, ya habían enfermado Elías Rescala, subsecretario de Gobierno; Gabriel O'Shea, secretario de Salud; Alejandro Ozuna, ex secretario general de Gobierno; Enrique Jacob, secretario de Desarrollo Económico, y once alcaldes mexiquenses, entre los que Sergio Anguiano de Coyotepec y Tomás Primo Negrete de Tonanitla perdieron la vida. La mayoría fueron casos ambulatorios.

Por ley, todos los funcionarios públicos son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); de no utilizar este servicio, sus ingresos son suficientes para cubrir gastos médicos.

Conforme al tabulador de este año, el secretario general de Gobierno percibe un salario mensual equivalente a 100 500 pesos (3 350 diarios); el resto de los secretarios de estado ganan 93 689 (3 122.9 diarios). La dieta de los diputados locales (con base en 2018, pues los tabuladores no se encuentran actualizados) representa un gasto de 74 987.74 pesos netos al mes (2 499.5 pesos diarios). En contraste, el salario mínimo vigente en el Estado de México asciende a 123.22 pesos diarios.

Además, la suspensión temporal o parcial de actividades no implicó que los funcionarios de primer nivel dejaran de percibir sus remuneraciones.

Con un día de sueldo, los funcionarios de primer nivel están en posibilidad de adquirir una prueba de detección cuyo precio fluctúa entre 1 250 y 10 000 pesos; el asalariado mínimo requerirá de un mes de trabajo para costearla.

Además, la Secretaría del Trabajo tiene registrada la pérdida de 59 869 empleos formales y 80 mil informales durante los primeros cinco meses de la pandemia. En teoría (pues ha sido cuestionado por los diputados), apenas 50 mil trabajadores recibieron 3 mil pesos del programa de apoyo al desempleo; el resto, se quedó sin ingresos.

La medición 2008-2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoce que 47.6% de la población mexiquense vive en pobreza (7 millones 546 500, que significan 42.7%) o pobreza extrema (865 700 mexiquenses, 4.9%). Especialistas y empresarios han advertido que, lejos de disminuir, este fenómeno se agudizará en todo el mundo debido a la ola de desempleos y afectación económica que trajo consigo la pandemia de COVID-19.

El panorama económico para las familias mexiquenses se complica cuando el padecimiento se agrava. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refieren que el tratamiento en cama normal se traduce en un gasto de 435 mil pesos; si se tiene seguro de vida, baja a 222 mil; mientras que en las unidades de cuidados intensivos fluctúa en alrededor de 920 mil pesos, llegando hasta 947 mil cuando los pacientes requieren intubación. Para pacientes ambualtorios, representa en promedio un gasto de 14 449 pesos.

La diputada Azucena Cisneros, quien se recuperó satisfactoriamente del nuevo coronavirus, recordó que los diputados locales cancelaron su seguro médico, pero mantienen el del ISSEMyM, y explicó que cuando comenzó con algunos síntomas, acudió a un dispensario médico en el que se atiende desde hace treinta años y pagó 150 pesos por la consulta. Indicó que optó por una prueba de laboratorio privado que le costó 3 900 pesos, también costeados de su bolsillo, en virtud de que los resultados, en el primer caso, se obtenían en un promedio de ocho días, lo que consideró tardado, mientras que el laboratorio se los aportó en la mitad de ese tiempo: “No fue mucho de mi parte porque fueron síntomas leves. Me aislé en mi cuarto. Medicamentos, sólo paracetamol. No hubo gasto oneroso porque fue leve”, indicó.

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