La Legislatura local aprobó en comisiones sancionar con hasta 10 años de prisión y hasta 40% de la contribución correspondiente, a los funcionarios que retengan cuotas y aportaciones de la burocracia pero no las enteren (remitan) al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
Con los cambios, la retención y/o la omisión en el entero de cuotas y/o aportaciones al Issemym por parte de los sujetos obligados será equiparada al delito de defraudación fiscal.
Así, cuando sea cometido por la persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, la pena que le resulte aplicable se aumentará hasta en una mitad más, según corresponda.
Una vez que sea ratificada por el pleno y promulgada, cometerán el delito de defraudación a los regímenes del ISSEMyM las o los funcionarios públicos que ejerzan la representación o titularidad de las instituciones públicas, que de manera indebida o mediante el uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente las cuotas y aportaciones.
En tanto, la reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios sancionará a la persona titular o servidora pública responsable con una multa de 20 a 40% de la contribución correspondiente.
Durante la sesión de comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas en que los cambios fueron dictaminados, la priista Myriam Cárdenas consideró que la reforma contribuirá a fortalecer las finanzas del Issemym, ya que la retención de cuotas afecta directamente el funcionamiento de la institución, los derechos y servicios proporcionados a las personas servidoras públicas.
Detalló que la reforma abarca dos vertientes, el incumplimiento de las instituciones públicas en el pago de las aportaciones y la defraudación en contra de las y los servidores públicos a quienes se les han hecho retenciones que no son reportadas al Issemym, actos graves que deben ser considerados delitos y reflejan debilidad en el proceso de control y fiscalización.
La iniciativa fue enriquecida con la colaboración de personal de la Secretaría de Finanzas, a través del titular de la Procuraduría Fiscal, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).