La Legislatura mexiquense solicitó a la Secretaría de la Contraloría estatal investigar y sancionar las faltas administrativas de funcionarios de Medio Ambiente respecto de la autorización y operación de verificentros en la entidad, ante la posibilidad de que existan conflictos de interés y corrupción.
La morenista Mónica Álvarez Nemer, promotora del exhorto, recordó que el Índice de Estado de Derecho otorga al Estado de México apenas 0.28 puntos en ausencia de corrupción, uno de los más bajos del país. Por lo tanto, admitió, “resulta poco probable que cualquier dependencia, organismo o entidad del Gobierno del Estado de México esté libre de corrupción, aseveración que se comprueba con el mismo Índice, ya que apenas 25% de los encuestados cree que los funcionarios estatales no incurren en actos de corrupción”.
En el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, dijo, existen verdaderas dudas sobre la forma en que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, que controla las concesiones a verificentros, asigna proveedores de diversos servicios relacionados. Además, indicó, los verificentros ofrecen altos costos, malos y deficientes servicios, y tienen problemas para agendar citas.
Por esta razón, exigió que se establezcan políticas públicas, directrices de prevención, detección, control, sanción, disuasión y acciones permanentes que aseguren la integridad y comportamiento ético de los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente para combatir la corrupción, manifiesta en el otorgamiento de autorizaciones y operación de verificentros.
El llamado, avalado por unanimidad, también requiere a los secretarios de la Contraloría y de Medio Ambiente que informen a la Legislatura local sobre el resultado de las investigaciones y acciones al respecto.