A la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) le preocupa el silencio que ha guardado, durante un mes, el presidente de la Comisión de Amnistía en la Legislatura local, Sergio García Sosa, quien se había comprometido a solventar los errores que este órgano parlamentario cometió en la creación y expedición de lineamientos, y al turnar a los organismos consultores expedientes incompletos de las solicitudes de excarcelación.
José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de PIDH, indicó que el 27 de diciembre pasado el petista reconoció los errores en que incurrió la Legislatura local en la integración de los expedientes a la hora de turnarlos a instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), para obtener su visto bueno en favor de las peticiones.
Durante el encuentro, recordó, García Sosa se comprometió a realizar reuniones periódicas con la organización para redactar las correcciones requeridas en las solicitudes de amnistía, tras acreditarse que “se enviaron mutiladas para perjudicar al movimiento, y no se hicieron acompañar por la base de datos que detalla caso por caso las 765 primeras peticiones”.
Pérez Espinoza indicó que el presidente de la Comisión incluso ofreció que el análisis del Paquete Fiscal 2022 no interferiría en los trabajos, porque se trata de dos materias distintas.
Además, hubo coincidencia en la necesidad de reponer 120 días de atraso en la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, debido a que los lineamientos se expidieron ese plazo después de la entrada en vigor de la norma, lo que recortó el tiempo para la promoción de las peticiones.
No obstante, de entonces a la fecha no ha habido avances sino, por el contrario, distanciamiento.
El activista refirió que a seis años de la fundación de PIDH, la asociación ha logrado la amnistía en favor de 4 internos acusados de delitos graves, tras confirmarse diversas anomalías en sus procesos (en la mayoría de los casos, se advierte falsificación de expedientes), 20 más por robo sin violencia y otros 20 por delitos diversos.
También ganó el Amparo Indirecto 1595/2016-III, otorgado por el juez decimotercero de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan, en favor de 384 internos (66 mujeres) encarcelados bajo tortura, pero el juicio de garantías no ha sido ejecutoriado debido a que la Fiscalía Contra la Tortura del Estado de México les ha pedido a las víctimas que renuncien a ese recurso.
Además, el 28 de noviembre de 2017 el Juez Segundo de Distrito del Estado de México, con residencia en Naucalpan, otorgó a la organización el Amparo 1337/2017-IV-B para que 212 personas obtuvieran su libertad mediante la colocación de localizadores electrónicos (brazaletes).
Adicionalmente, el 5 de junio 2020 se promovió la primera acción colectiva para acceder a la libertad anticipada y libertad condicionada con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal; y ya son 75 los beneficiarios.
A la fecha, agregó, este movimiento ha logrado que 310 personas privadas de la libertad por delitos que no cometieron, sujetos a tortura, con violaciones al debido proceso y/o los derechos humanos, sean excarceladas.