Exigen acercamiento con la Fiscalía
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso mexiquense mediar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para lograr la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía en favor de personas inocentes privadas de la libertad por delitos de alto impacto.
Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), señaló que la FGJEM es la única autoridad que se ha mostrado renuente a dialogar con familias de presos injustamente.
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Foro “Susurros de Libertad”
En este espacio, Vite planteó que si bien “no todo es amnistía, queremos justicia y libertad, y es necesario abrir rutas de comunicación”.
Recordó que en los penales mexiquenses hay 35,771 personas privadas de la libertad (PPL), y que aunque 3,124 han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía, la población carcelaria no disminuye, lo que convierte al sistema penitenciario en una “puerta giratoria” que alimenta la corrupción.
Reformas necesarias
La activista pidió reformar el Código Penal estatal para disminuir penas en general y que la Ley de Amnistía contemple también delitos graves. Señaló además que las familias gastan en promedio 1,500 pesos por visita, lo que evidencia un terreno fértil para abusos.
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Respuesta del Congreso
Los diputados Zaira Cedillo e Israel Espíndola ofrecieron mantener comunicación permanente con las ONG y garantizar que ninguna persona vuelva a la cárcel por delitos que no cometió. Ambos coincidieron en que el sistema de justicia estatal presenta fallas e irregularidades graves.
Hacia un sistema más justo
Los legisladores confiaron en que la transformación del Poder Judicial, con jueces electos por voto ciudadano, genere cambios sustanciales que eviten más encarcelamientos injustos.
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Cedillo recordó que el 60% de la población penitenciaria proviene de comunidades pobres, lo que evidencia desigualdad en la aplicación de la justicia. Espíndola precisó que la amnistía es un acto de justicia y reconciliación social, y aclaró que no significa impunidad, sino la corrección de errores estatales.
Compromiso del Poder Judicial
La magistrada Érika Icela Castillo Vega, próxima presidenta del Poder Judicial estatal (2027-2029), aseguró que se mejorarán procesos para que ninguna persona inocente termine encarcelada, compromiso que asumió desde su campaña.