Desde mañana, el Poder Judicial del Estado de México está listo para recibir solicitudes de amnistía de procesados y sentenciados por delitos no graves o detenidos injustamente en los penales mexiquenses. La organización Presunción de Inocencia estima que en los penales mexiquenses existen al menos 13 mil 500 falsos culpables, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero lo calcula en 19 mil 500.
Este día se promulgaron en Gaceta de Gobierno de la entidad los lineamientos para acceder al beneficio. La consejera de la judicatura Edna Escalante precisó que todos los jueces (desde los de control, de enjuiciamiento, de revisión, especializados) y magistrados penales de la entidad podrán resolver las peticiones, dependiendo del estado que guarde el proceso, sea cual fuere su condición jurídica (procesado, sentenciado, detenido o en libertad por medida cautelar).
La petición podrá presentarse por escrito o vía electrónica ante los jueces competentes, por el procesado, su defensa pública o privada, un familiar, organismos defensores de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil.
Cuando el Poder Judicial reciba la solicitud, la analizará y podrá resolver en tres sentidos: con admisión a trámite, con prevención para subsanar requisitos o puede ser desechada por notoriamente improcedente –que no se encuentre entre los supuestos del artículo 4 de la norma-, e infirmará a los promoventes sobre la decisión.
El artículo citado contempla el beneficio para delitos como el aborto, robo con o sin violencia con las hipótesis de la ley, abigeato, culposos, contra el ambiente; y detenidos de manera injustas siempre y cuando se repare el daño.
Cuando se presuman errores procedimentales, detenciones injustas, violación de derechos humanos, violaciones al debido proceso o fabricación de culpables, los interesados deben plantearlo ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) o cualquier organismo oficial defensor de las garantías individuales para que la solicitud sea promovida a través de ellos, una vez acreditados los señalamientos.
Con el acto inicial (la admisión a trámite), el juez dará vista a la contraparte (víctima) para que se pronuncie y manifieste lo que considere conveniente, a fin de garantizar la reparación del daño, y el juez tendrá 30 días, con la posibilidad de prorrogar hasta por un plazo similar, fundamentalmente para conciliar y pago de la reparación del daño, para determinar si la solicitud es procedente o no. El juez que otorgue la amnistía dará seguimiento de las solicitudes hasta la liberación y archivará el expediente.
Para la operación de esta figura, refirió la consejera, fueron capacitados 120 servidores del Poder Judicial estatal durante un mes, con 78 horas efectivas de profesionalización y dos evaluaciones. La puesta en marcha de esta norma requirió la creación de 31 nuevas plazas: jueces, secretarios, notificadores, oficiales judiciales para atender solicitudes de amnistía.
Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial estatal, precisó que no existe un plazo específico para recibir las solicitudes; las negativas pueden ser combatidas por la vía del amparo y a través de la Codhem; afirmó que es difícil que el procedimiento de amnistía se corrompa porque el interesado deberá aportar los elementos de procedencia, e indicó que la mayor carga de peticiones se espera en los penales de Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla, al ser los más poblados.
Esta tarde, la Legislatura mexiquense también instaló la Comisión Especial plural que dará seguimiento a las peticiones y casos de amnistía especiales; el órgano es presidido por el diputado morenista Gerardo Ulloa, y concluirá su periodo el 04 de septiembre próximo, por la renovación del Congreso local.