De esta manera, se sancionarán hasta con cárcel las lesiones o muertes de las PPL ocasionadas por servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios.
La diputada Carmen de la Rosa consideró necesario dar claridad a la información presupuestal y fomentar la rendición de cuentas, en concordancia con las nuevas condiciones políticas y con la distribución de facultades y funciones de gobierno.
La diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión para las Alertas por Violencia de Género, recordó que desde 2011 se tipificó el delito de feminicidio en la entidad, pero su aplicación no ha resultado del todo operativa porque no se armonizaron leyes secundarias.
El morenista recordó que, desde 2018, cuando el grupo parlamentario de Morena abrogó la Ley ISSEMyM que transformaba las pensiones en Afores, se solicitó al gobierno estatal una contrapropuesta de reforma que no afectara los derechos de los trabajadores, pero a más de cuatro años eso no ha ocurrido.
Entre los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Desarrollo Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, también se plantea que la inobservancia de estas reformas implique procesos y sanciones de carácter administrativo.
El legislador advirtió que en diversos municipios del Estado de México, en administraciones pasadas y presentes, el alcalde o alcaldesa en turno designa como titular del DIF a algún familiar y, pese a que la ley establece que es un cargo honorífico, recibe un salario ostentoso y prestaciones similares.
Las reformas que también alcanzan la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, todos del Estado de México, plantean comparecencias más especializadas ante las comisiones correspondientes.
