Con la finalidad de evitar abusos que atenten contra la integridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) o establezcan cobros indebidos al interior de los penales, el grupo parlamentario de Morena propuso reformar el Código Penal del Estado de México para adicionar el delito por autoridad penitenciaria.
De esta manera, se sancionarán hasta con cárcel las lesiones o muertes de las PPL ocasionadas por servidores públicos que laboran en los centros penitenciarios.
Te puede interesar: “Haz Valer Mi Libertad”prepara caravana por Edomex para proponer nueva relación sociedad-gobierno
El diputado Ariel Juárez, autor de la iniciativa, precisó que su propuesta surgió a partir de las múltiples denuncias de familiares de internos sobres abusos y cobros de las autoridades penitenciarias.
"Es por muchos sabido y conocido que al interior de los centros penitenciarios reinan los abusos de parte de las autoridades o servidores públicos, sometiendo a castigos inhumanos a las PPL, permitiendo que estas sean golpeadas por otras y, en muchos casos, el autogobierno al interior, solapado por los directores de los centros, en conocimiento del secretario de Seguridad y hasta del gobernador del Estado", señaló.
El legislador indicó que las PPL no deben ser tratadas peor que animales, pero están sujetos a amenazas, chantajes, extorsiones, violaciones o malos tratos en sus derechos humanos, lo que viola la Constitución Política, la Ley Nacional de Ejecución Penal y los Tratados Internacionales.
Te puede interesar: Considera Morena que permitir voto de reos no sentenciados es medida electorera
Por eso, la iniciativa propone sancionar las lesiones y, en su caso, la muerte que pueda sufrir una PPL por la acción u omisión de los servidores públicos que trabajan en los centros penitenciarios y que, dependiendo el tipo de trato o maltrato, el castigo pueda llegar a cárcel.
El también presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario recordó que en el Estado de México existen 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en los cuales hay 34 mil 475 PPL.
Estas estadísticas, indicó, ocasionan sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos, y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, lo que viola de manera flagrante los derechos humanos de las PPL.
Te puede interesar: Preparan votación para internos en penales mexiquenses con miras al 2023
Juárez Jiménez manifestó que, a pesar de que hayan cometido algún delito -aunque hay internos que son inocentes-, las PPL no deben ser sujetos de extorsión al tener que pagar o cubrir cuotas por su permanencia, como los 5 pesos por el pase de lista, o los cobros de hasta mil 200 pesos a los familiares para poder ingresar alimentos en los días de visita.
Estos hechos, indicó, contravienen la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues toda PPL tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica.
La Secretaría de Seguridad estatal, manifestó, es la responsable de lo que sucede en los penales, mientras el director del Centro Penitenciario y demás personal, expuso, son los depositarios de la integridad física de las PPL y cualquier persona ingresada a un penal por cualquier delito, por lo que sea o no culpable, los servidores públicos que laboran en estos centros deben hacer valer sus derechos.