Debido a que la legislación no se había armonizado integralmente y complica la puesta en marcha, el grupo parlamentario de Morena propuso diversos ajustes normativos para que toda muerte violenta de mujer que ocurra en el Estado de México sea investigada como feminicidio.
La diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión para las Alertas por Violencia de Género, recordó que desde 2011 se tipificó el delito de feminicidio en la entidad, pero su aplicación no ha resultado del todo operativa porque no se armonizaron leyes secundarias.
Por tanto, propuso modificar el tipo penal de feminicidio, contemplado en el Código Penal para el Estado de México, con la finalidad de homologar su contexto al “modelo de tipo penal de feminicidio".
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El planteamiento obliga a que todas las muertes violentas de una mujer, incluidos el presunto suicidio o accidente, se investiguen como probable feminicidio y con perspectiva de género.
Tratándose de niñas adolescentes, además se considera la perspectiva de la niñez.
También incorpora otras modalidades de violencia, como la docente, la comunitaria, la institucional, la política, digital y la mediática.
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Se plantea que la violencia debe acreditarse, independientemente de que exista denuncia formal ante la autoridad correspondiente o no.
“La desaparición de mujeres es el preámbulo del feminicidio. Por ello, se incorpora este elemento normativo en la configuración del tipo penal”, destacó la proponente.
Labastida Sotelo además propuso agravar la penalidad del delito de feminicidio cuando el sujeto se haya valido del oficio como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, público o privado, para la comisión del feminicidio.
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De igual manera si el sujeto tiene la calidad de servidor público, tenga el deber de cuidado sobre la víctima, haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido en contra de ella actos de explotación o trata de personas.
“En el Estado de México, la tipificación del delito de feminicidio, se llevó a cabo el 18 de marzo de 2011. Han transcurrido más de ocho años, sin que se hayan llevado ajustes normativos que den respuesta a la creciente espiral de feminicidios cometidos anualmente”, añadió Labastida Sotelo.