La Ley de Amnistía es una realidad, que ha hecho posible el perdón, el olvido legal, la restauración del tejido social y una segunda oportunidad para las Personas Privadas de su Libertad: Ricardo Sodi Cuéllar.
Los promoventes afirmaron que la confesión del sentenciado fue obtenida con amenazas y mediante tortura, por lo que con apoyo de organizaciones no gubernamentales en la materia buscarán que el hecho además se investigue y se sancione.
El además integrante de la Comisión Especial para la Amnistía del Estado de México acusó que la Fiscalía está tardando mucho tiempo en entregar la información, de tal manera que hasta ahora solo tres personas han sido beneficiadas por la nueva norma, de las 290 que han solicitado el beneficio.
La plataforma virtual además podría servir para que las y los legisladores cuenten con la información precisa y puedan determinar cuáles deben atender conforme al mandato que la ley les otorga.
La amnistía es una forma de extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, que tiene por objeto el derecho al olvido legal favoreciendo a aquellas personas que sin antecedentes cometieron alguna conducta delictiva y quienes cumplan con el pago de la reparación del daño
En la Codhem se presentaron, entre otros, los ex presos políticos de Tlanixco; allí, el ombudsperson Jorge Olvera indicó que este organismo ha recibido las primeras 30 solicitudes de amnistía para ser analizadas y, en su defecto, promovidas para acceder al beneficio.
Correa Hernández precisó que, en su mayoría, las mil 500 internas, con beneficio directo por la Ley de Amnistía, se encuentran en condición de vulnerabilidad por pobreza, al haber sido obligadas a delinquir, por abortar o por defender su integridad física.
José Humbertus Pérez Espinoza, Presidente de PIDH, alertó que los lineamientos promulgados, este lunes en la Gaceta de Gobierno, incurren en graves omisiones y en la inobservancia a los artículos: 1, 7, 16, 17 y 18 de la Ley de Amnistía del Estado de México, en donde se establecen las facultades constitucionales para que el Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial, conozca de las solicitudes para delitos de alto impacto.
La petición podrá presentarse por escrito o vía electrónica ante los jueces competentes, por el procesado, su defensa pública o privada, un familiar, organismos defensores de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil.
