Con la Ley de Amnistía, más de mil 500 mujeres encarceladas pueden recuperar su libertad, esto conforme a estimaciones del diputado morenista Max Correa, uno de los autores y promotores de la norma. El legislador advirtió que también existe desigualdad de género en la aplicación de penas, pues son mayores para las mujeres que para los hombres cuando se trata de conductas iguales.
Correa Hernández precisó que, en su mayoría, las mil 500 internas, con beneficio directo por la Ley de Amnistía, se encuentran en condición de vulnerabilidad por pobreza, al haber sido obligadas a delinquir, por abortar o por defender su integridad física. Con relación a lo ya mencionado, cifras de la ONG Reinserta, prosiguió el diputado, revelan que la media de años que recibe una mujer por cometer un delito similar al que comete un hombre es de 23 años, mientras que para el varón es de 17.
Para su defensoría, expuso, también se encuentran mayores retos, debido a que las mujeres son mayoría en la contratación de servicios de abogados de pago: 48 por ciento, mientras que la cifra para los hombres es de 32 por ciento. El gasto medio que ejercen las mujeres para defenderse también es mayor. En términos monetarios, las mujeres emplean en promedio 155 mil 593 pesos en su proceso de defensoría, mientras que el gasto de los hombres se reduce en 36 por ciento, pues en promedio ocupan 100 mil 522 pesos.
Además, indicó que por cada mujer que está privada de la libertad, al menos hay dos o tres mujeres más que están sufriendo esta injusticia; y por cada hombre encarcelado, hay tres o cuatro mujeres afectadas más. Así pues, el morenista precisó que la norma también permitirá aligerar la carga de miles de mujeres que tienen un familiar encarcelado de manera injusta, porque son ellas las que se quedan al frente del hogar.
“Los daños colaterales que provoca que el integrante de una familia sea privado de su libertad lo sufren principalmente las esposas, hijas o madres de la víctima, ya que son ellas las que les llevan dinero para que no los golpeen, son ellas las que les llevan alimentos y buscan el abogado que los va a defender, es decir, son las que enfrentan ese sistema penal que criminaliza la pobreza y sobre todo avasalla a las mujeres”, argumentó Correa.
El también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) detalló que, además, alrededor de seis mil indígenas, campesinas y mujeres pobres que fueron acusadas por delitos contra la salud por consumir marihuana o porque les sembraron droga, estarán en posibilidad de obtener el beneficio de la amnistía. “También por delito simple sin violencia, donde no usaron armas de fuego y que el monto de lo robado no rebase los 8 mil 65 pesos; o robo con violencia y que el monto de lo robado sea hasta 35 mil 848 pesos, para todas ellas funciona la Ley de Amnistía”, expuso.
Finalmente, Max Correa recomendó a los familiares de las personas que fueron privadas de su libertad de manera injusta que conozcan la Ley de Amnistía para que la hagan valer, y que se acerquen a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Igualmente, hizo un llamado a las universidades y a los pasantes de la licenciatura de Derecho para que hagan su servicio social aplicando la Ley de Amnistía y coadyuven a poner en libertad a las mujeres, así como a sus hijos y esposos injustamente presos.