El Congreso mexiquense aprobó la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano especializado en órdenes y medidas de protección inmediata que busca fortalecer la respuesta judicial ante la violencia de género y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa fue suscrita por el diputado Francisco Vázquez Rodríguez; la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el magistrado Héctor Macedo García; el fiscal José Luis Cervantes Martínez y el ombudsperson Víctor Leopoldo Delgado Pérez.
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La propuesta reforma la Constitución Política estatal para crear juzgados especializados en órdenes y medidas de protección, incorporar deberes reforzados para todas las autoridades estatales y municipales en la prevención, atención y erradicación de la violencia, y reconocer expresamente el derecho de mujeres, adolescentes, niñas y niños a vivir libres de violencia en todos los ámbitos.
Tras las modificaciones, las autoridades deberán garantizar este derecho bajo los principios de igualdad jurídica, dignidad humana, perspectiva de género, no discriminación, libertad y desarrollo integral, actuando con debida diligencia y en concordancia con la Constitución federal.
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Integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional frente a la violencia de género y de transitar hacia un modelo de justicia más rápido, cercano y especializado ante situaciones de riesgo.
El morenista Carlos Martínez Zurita subrayó que las órdenes y medidas de protección “salvan vidas”.
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La ecologista Miriam Silva Mata indicó que la reforma permitirá fortalecer la vinculación con las fiscalías y dar seguimiento, desde el Poder Judicial, a las carpetas de investigación relacionadas con violencia, para identificar cuáles pueden judicializarse.
La petista Ana Yurixi Leyva Piñón enfatizó que la coordinación institucional es indispensable, pues ninguna instancia puede enfrentar sola esta problemática.
Finalmente, las magistradas Elizabeth Rodríguez Colín, Alejandra Almazán Barrera y Cristel Yunuen Pozas Serrano coincidieron en que elevar esta figura a la Constitución le otorga carácter permanente, convirtiéndola en una columna vertebral en la lucha contra la violencia.