El diputado Max Correa, uno de los promotores de la Ley de Amnistía del Estado de México, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem) recomendar a la Fiscalía estatal agilizar la expedición de constancias de primo delincuentes, debido a que es un requisito establecido por el Poder Judicial para que las personas privadas de su libertad accedan al beneficio.
El además integrante de la Comisión Especial para la Amnistía del Estado de México acusó que la Fiscalía está tardando mucho tiempo en entregar la información, de tal manera que hasta ahora solo tres personas han sido beneficiadas por la nueva norma, de las 290 que han solicitado el beneficio.
El llamado, aclaró, “es para que luego no nos digan que la pandemia y la veda electoral son los responsables de que la gente no se haya podido beneficiar de esta Ley que es punta de lanza a nivel nacional, y está demostrando que sirve para hacer justicia, dar libertad, y construir paz y reconciliación en el Estado de México".
Los montajes televisivos que se realizaron en los periodos de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, planteó, evidenciaron que en México se construyeron falsos culpables, tanto en delitos de alto impacto como del fuero común.
“Por eso es muy importante y vigente... se escenifican circunstancias delictivas en perjuicio de personas, muchas de ellas inocentes, y en el caso del Estado de México tenemos muchos falsos culpables, personas a las que se les ha violentado el debido proceso que pueden ser beneficiarios con esta ley", consideró.
De igual manera, Correa Hernández aprovechó para solicitar a jueces y magistrados atender las solicitudes de amnistía con criterios garantistas bajo el principio 'propersona' con la interpretación legal de todo lo que favorece a la persona privada de su libertad".
El morenista recordó que existen dos modalidades para la aplicación de la Ley de Amnistía: la vía ordinaria beneficia a las personas que cometieron delitos de bajo impacto como robo simple, aborto, autodefensa de las mujeres para protegerse o cuidar a su familia; y violaciones a los debidos procesos judiciales contra indígenas o campesinos que defendía su tierra o territorio, o que fueron presionados por la delincuencia organizada para cometer ilícitos, entre otros.
La segunda vía, prosiguió, es "la extraordinaria: cuando hay delitos de alto impacto, secuestro u homicidios que se fabricaron sobre las personas a las que se violentó el debido proceso e incluso se llegó a la tortura". Estos casos, son los que habrá de procesar la Legislatura local a través de la Comisión Especial.