Del 6 de enero de 2021 a la fecha, en el Estado de México se han otorgado 3,366 amnistías, de las cuales 2,072 fueron gestionadas a través de la Defensoría Pública y 1,294 por el Poder Judicial.
En el marco del análisis de la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez, que busca ampliar los criterios para conceder amnistía, diputados locales coincidieron en la necesidad de crear una Comisión Legislativa de Amnistía con carácter ordinario dentro del Congreso mexiquense.
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El diputado Vladimir Hernández, de Morena, señaló que es fundamental fortalecer y reformar la Ley de Amnistía estatal para corregir violaciones al debido proceso y derechos humanos. Agregó que la creación de una comisión permanente en el Congreso garantizaría un análisis continuo de estos casos.
Por su parte, la diputada del PT, Ana Yurixi Leyva, recordó que la Comisión Especial de Amnistía se creó en las legislaturas LX y LXI y que, desde su instalación el 26 de octubre de 2021, el Poder Judicial ha recibido 1,119 solicitudes. Ante estas cifras, respaldó la propuesta de crear una comisión parlamentaria ordinaria para atender de manera permanente las peticiones de amnistía.
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Desde Acción Nacional, la diputada Emma Álvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, subrayó que la amnistía es una herramienta fundamental para corregir excesos y garantizar que nadie sea castigado de forma desproporcionada o injusta.
En tanto, el director del Instituto de la Defensoría Pública, Alberto Cervantes Juárez, destacó que la liberación de 3,366 personas ha contribuido a despresurizar los centros penitenciarios y fortalecer el tejido social.
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Propuesta de ampliación de amnistía
La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez propone ampliar los supuestos para conceder amnistía a:
- Mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o derechos humanos.
- Personas en situación de vulnerabilidad al momento de cometer el delito.
- Mayores de 65 años con enfermedades terminales o crónico-degenerativas.
- Personas sentenciadas por delitos de alto impacto, siempre que organismos nacionales o internacionales de derechos humanos hayan emitido una resolución o recomendación a su favor por violaciones a sus derechos o al debido proceso.
Con esta reforma, el gobierno estatal busca garantizar un acceso más justo a la amnistía y reforzar los mecanismos para la revisión de casos en los que hubo posibles violaciones a los derechos humanos.