Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), descartó la necesidad inmediata de una Ley de Amnistía para el Estado de México, pues la despresurización de los penales mexiquenses en el corto plazo es posible con la legislación vigente, mientras la aplicación de la norma federal recién aprobada comenzará a surtir efectos hasta fin de año.
Para el titular del Poder Judicial estatal, la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias contempla mecanismos adecuados para apoyar la despresurización de los penales, por lo que “no observaría de momento la necesidad, pero es una determinación que corresponde a los diputados”. Además, indicó, los efectos de la Ley de Amnistía nacional no serán inmediatos, pues aún es necesario crear una comisión que analice los casos y los primeros resultados se verían hasta finales de año.
La Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Senado, aclaró, aplicaría para entre 8 y 10 por ciento de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) que compurgan sus penas en las cárceles estatales, en caso de cumplir con los requisitos, entre los que destaca como primer criterio de preliberación haber sido sentenciados por delitos no violentos.
Por el contrario, destacó, “nosotros estamos dando resultados en el corto plazo, de manera inmediata, sin esperar legislación de otra naturaleza”, y recordó que hace unos días se otorgaron los primeros 29 brazaletes electrónicos a 27 hombres y 2 mujeres internos en el penal de Chiconautla, en una decisión de apenas 48 horas al suprimir audiencias, con lo que se ahorraron meses de proceso.
El jurista indicó que en el transcurso de esta semana será otorgada la libertad anticipada a otros 80, pero aclaró que la despresurización no será tan inmediata como se cree, pues debe analizarse caso por caso y, sobre todo, cuidar el perfil de los beneficiarios para no poner en riesgo la seguridad de la sociedad mexiquense: “Debemos ser conscientes… Hay que ser cuidadosos para que se cumplan parámetros y requisitos. Es mejor ser certeros y precisos, y no rápidos e imprecisos, sino prudentes. Es una forma de despresurizar los penales, pero no es la solución, es una ayuda”, indicó.
Además, planteó, “No se puede establecer una realidad general. Cada uno (de los internos) tiene tiempos de compurga distintos, delitos diferentes, y lo tiene que evaluar el Comité Interdisciplinario de cada centro de readaptación”.
Lo que objetivamente sí es posible, dijo, es que se liberen entre 70 y 100 Personas Privadas de su Libertad (PPL) cada semana, pues la decisión no depende sólo del Poder Judicial.
El TSJEM además está por presentar un proyecto para que se otorgue el beneficio de la libertad anticipada a quienes se encuentren a meses de concluir sus condenas, como una política pública de orden penitenciario. De igual manera, ya se analizan las razones por las que algunos procesados tienen años esperando su sentencia; también para agilizar sus procesos, aunque de entrada aplazar las audiencias puede tener su origen en una estrategia de la defensa, falta de impulso procesal de alguna de las partes en juicio o la omisión de las autoridades.
“Es un problema muy serio y lo estamos atendiendo. Se implementó el programa especial para identificar esos casos y tratar de resolver las causas de la parálisis procesal. En ocasiones se postergan las audiencias sin razón alguna, por eso se formó una comisión al interior del tribunal que está analizando caso por caso”, expuso.
Por ahora, indicó que los candidatos del Tribunal a alguno de los beneficios de preliberación va de 1 800 a 2 000 PPLs, y no los 1 900 anunciados por la Secretaría de Seguridad estatal, más 5 500 en análisis.