El Estado de México es la segunda entidad del país en reconocerla, y en su elaboración y promoción participaron las colectivas Cam-Cai, Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria y Tonatzin.
El morenista Daniel Sibaja, autor del punto de acuerdo avalado por unanimidad, además solicitó a los 125 ayuntamientos prohibir la venta de móviles en tianguis o mercados.
Al cierre del plazo para el registro, sólo Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN) inscribieron representantes ante mesas directivas de casilla
Tras el recorrido realizado por los integrantes de esta comisión por la zona para verificar el avance de obras y las conexiones, el legislador advirtió que estos datos son necesarios, en virtud de que la región tendrá un importante desarrollo industrial y habitacional, y conectará con Toluca, Querétaro, Puebla e Hidalgo.
El diputado Sergio García Sosa, autor de la iniciativa, consideró necesario tipificar y perseguir de oficio el delito de violencia en eventos deportivos con penas de hasta cinco años de prisión en contra de la persona que produzca lesiones o daños a cualquier integrante de los grupos de animación o espectador.
El artículo 126 del Código Penal del Estado de México establece como ultraje “toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio.”
El punto de acuerdo promovido por el diputado Ariel Juárez advierte que la reserva de información “no tiene fundamento y solo se trata de una manipulación en la interpretación de la ley"
La diputada Azucena Cisneros, promotora del punto de acuerdo, consideró necesario poner un alto a la impunidad con la que actúan los CUSAEM, pues además existe un sin número de denuncias por presuntos delitos cometidos por sus elementos.
El punto de acuerdo promovido por el morenista Ariel Juárez y aprobado por unanimidad, advierte que, al no adecuar sus instalaciones, Aleática incumple la licitación del Viaducto Bicentenario y, al no ser sancionada por esta omisión, la Secretaría de Movilidad se convierte en cómplice.
