El diputado Faustino de la Cruz pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancionar al ex alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos, pero también investigar las administraciones de Pablo Bedolla y Eruviel Ávila, tras considerar que en los tres casos se podrían configurar malos manejos de los recursos públicos.
El planteamiento ocurre después de que la ASF inició un expediente de presunta responsabilidad administrativa en contra de Ríos Velázquez y de quien fuera su tesorero, Miguel Ángel González Bárcenas, con la finalidad de que aclaren el destino de más de 29 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Quien es diputado por uno de los distritos de Ecatepec aplaudió la decisión de la ASF, pero alertó además sobre la necesidad de indagar a fondo el manejo de recursos públicos también durante las administraciones anteriores, de tal manera que, de confirmarse las anomalías, se apliquen las sanciones correspondientes “caiga quien caiga”. De no solventarse, planteó, los recursos deben reintegrarse y castigarse conforme a derecho.
Desde su punto de vista, en las últimas tres administraciones municipales imperó la corrupción y el saqueo del erario, pero no hubo freno ni se sancionó porque había una Legislatura local “a modo”, casi siempre con mayoría priista, que aprobaba las Cuentas Públicas sin contratiempos.
En el caso de los recursos estatales, recordó que durante la gubernatura de Eruviel Ávila incluso se restó al Congreso mexiquense la facultad de calificar las cuentas públicas, lo que al menos es indicio de opacidad.
Ecatepec, prosiguió, fue saqueado por lo menos en los trienios de Indalecio Ríos, Pablo Bedolla y Eruviel Ávila, con la complicidad de Enrique Peña Nieto a nivel federal y Ávila Villegas a nivel estatal.
Desde su punto de vista, muestra de este saqueo son también los 14 hospitales iniciados durante la administración estatal de Eruviel Ávila pero no están concluidos, y los 200 hospitales del gobierno de Peña Nieto que también son elefantes blancos.
En este entendido, consideró que la ASF y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) están obligados a ir a fondo en las investigaciones, a garantizar la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos, y a sancionar.
Recordó que los castigos pueden incluir inhabilitaciones y el resarcimiento del daño al patrimonio federal o estatal, como mecanismos para inhibir las tentaciones del desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.
La ASF además solicitó a Indalecio Ríos y su tesorero comprobar el pago de anticipos correspondientes a diversos contratos de los que no hay evidencia, y un informe detallado de las gestiones realizadas para efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de más de millón y medio de pesos.