Morales Poblette indicó que el pasado 17 de junio el Consejo Político de su partido designó a Óscar González Yáñez como el responsable estatal de los trabajos para la Transición Política del Estado de México 2023.
Delgado Carrillo, dirigente nacional, reconoció que el crecimiento extraordinario de Morena se debe al presidente de Andrés Manuel López Obrador y a la insurrección del pueblo de México.
En su intervención Ebrard, hizo un llamado a la unidad en la entidad mexiquense, para de esta manera, lograr el triunfo en el 2023.
Omar Ortega, coordinador de los perredistas en el Congreso mexiquense, indicó que por cuestiones numéricas la aprobación de la iniciativa no depende de la voluntad del sol azteca, sino de los grupos mayoritarios.
La delegación de Morena, encabezada por la senadora Martha Guerrero, replicó la aclaración del partido, en que se lee que los militantes están en plena libertad de manifestar sus aspiraciones, sobre todo porque el instituto político se distingue por su pluralidad y diversidad ideológica.
El diputado Isaac Montoya, autor de la iniciativa, consideró “inmorales” los montos que en el Estado de México se destinan a propaganda gubernamental, pues además es la séptima entidad del país que mayores recursos encamina a este tipo actividades.
Los retrasos, indicó, pretenden justificarse con argumentos de problemas de carácter técnico-administrativo como la falta de licencias y claves a nivel federal (CLUES), cuando la principal inversión radica en la operatividad de los nosocomios.
Los legisladores advirtieron que los hospitales no pueden operar porque el Gobierno estatal no ha entregado al federal las Clave Única de Establecimientos en Salud (CLUES), pues a su vez las obras incumplen requisitos técnicos y jurídicos para ponerse en marcha. “Parece que no hay ni voluntad, ni capacidad”, alertaron.
Este lunes, desde Ecatepec, el senador recordó su propuesta de reducción de síndicos y regidores de mil 361 a 954, como un mecanismo de ahorro de entre mil 500 y mil 800 millones de pesos al año para destinarlos a programas sociales, infraestructura, obra hidráulica y mantenimiento de planteles escolares, entre otras necesidades.
Lamentó que, lejos de que así ocurra, para finales de 2021, en todo el país existían 432 carpetas de investigación contra mujeres que optaron por interrumpir su embarazo
