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Su representante, Ernesto Montes de Oca, consideró la relevancia de que ahora las instituciones garanticen el cumplimiento de las leyes, como en el caso de las terapias; que ninguna persona sea sometida a dichos procesos y, de ocurrir, que se imparta justicia, ya que en muchos casos la impunidad impera, como sucede con los crímenes de odio.

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