La suspensión o cierre de los servicios esenciales de salud en América Latina y el Caribe debidos a la pandemia de COVID-19 pueden revertir gravemente los avances en la reducción de la mortalidad de mujeres y niños de la región, advierte un nuevo estudio apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Según el informe, una reducción de 10% en la cobertura de los servicios esenciales de salud materno-infantil podría causar hasta 28 000 muertes de madres y 168 000 de recién nacidos.
Además, el aumento del hambre en medio de la pandemia conlleva a la malnutrición de las embarazadas y los niños, causando posibles retrasos en el crecimiento intrauterino, así como la desnutrición aguda y crónica durante la niñez, incrementando el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas.
La doctora Arachu Castro, autora del informe, asegura que diariamente se registran 30 000 nacimientos en la región, de los cuales 4 800 nacen de una madre adolescente. Según la experta, la mayoría de los países había logrado disminuir la mortalidad causada por el embarazo, parto y posparto, y la de menores de cinco años a los niveles recomendados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “pero con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y pediátrica, con las dificultades de acceso por la falta de transporte público, con el miedo a exponerse al coronavirus y con el aumento de la malnutrición causada por la pobreza, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de morir por falta de atención en salud, y no por COVID-19”, expresa en un blog publicado en la página del PNUD.
El estudio señala, además, que, hasta junio de 2020, las circunstancias redujeron a la mitad la demanda de los servicios de vacunación en los 38 países de la región, y que por lo menos 18 Estados han reportado dificultades en la obtención de inmunizaciones e insumos, como jeringuillas, por dificultades en el transporte y el cierre de fronteras.
Un aumento de la mortalidad en general
El informe indica que además de las miles de muertes por COVID-19 y el sufrimiento causado en la región, comparar los decesos reportados por cualquier causa con los del mismo período de años anteriores “puede indicar con mayor fidelidad el impacto de la pandemia en la mortalidad”.
En algunas semanas, el exceso de muertes se ha estimado en 185% en Perú, 219% en México y 242% en Ecuador. Esas muertes se deben, tanto al COVID-19, como a las causas indirectas producidas por la disminución de la provisión de servicios de salud y de la utilización de estos servicios. Se calcula que el efecto indirecto de la pandemia en los servicios y en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia es de gran magnitud, incluso mayor que el de las muertes directas por COVID-19, alerta el documento.
El aumento del número de personas con síntomas que buscan atención colapsa los establecimientos de salud, en particular si requieren atención crítica. Las camas de cuidados intensivos han sido insuficientes en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá o Perú. Algunos países han designado hospitales para atender de forma exclusiva a personas con COVID-19, interrumpiendo la provisión de servicios de prevención y promoción de la salud y de atención clínica, y han reubicado a una parte del personal de salud en los hospitales más sobrecargados, lo que ha desabastecido otros establecimientos de personal e insumos, advierte la autora del estudio.
La necesidad de invertir más en la salud
“En el informe Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe, expongo la necesidad de restablecer lo antes posible los servicios esenciales de salud, de reforzar la estrategia de atención primaria y de incrementar el gasto público en salud más allá del gasto inmediato para enfrentar la pandemia”, expresa la doctora Castro.
La experta de la Universidad de Tulane recalca que países como Cuba, Costa Rica y Uruguay, que antes de la pandemia habían priorizado la inversión en la salud pública y en el fortalecimiento de la atención primaria, no han suspendido la atención y son los que están mejor preparados para prevenir más muertes por causas distintas a las de COVID-19.
El informe también recomienda a los países que las políticas públicas se establezcan con perspectiva de género para que tengan prioridad las mujeres, quienes en su mayoría se encargan de cuidar a los niños, así como personas mayores, personas con discapacidad y aquellas que sufren violencia por parte de sus parejas.