La Secretaría de la Contraloría del Estado de México aclaró que “en ningún momento se ha negado a investigar al titular de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud del Estado de México”, Gabriel O'Shea, tras la denuncia entablada por el exregidor José Luis Cortés, quien acusa al funcionario de atentar contra el derecho a la salud de medio millón de habitantes de la región de Tlalnepantla, al no reponer ni reparar el hospital Valle Ceylán.
“El secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxilia en los órganos internos de control y las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades de dichos órganos, los cuales son coordinados y dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, conforme a los artículos 2, 3, 4 y 35 de su Reglamento Interior”, precisó la dependencia.
Dentro de la Administración Pública del Estado de México, prosiguió, la Secretaría de la Contraloría y sus órganos internos tienen la facultad de actuar como autoridad investigadora de las faltas administrativas, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
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La dependencia insistió en que el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) es el competente para iniciar y substanciar los procedimientos de investigación, “en particular, para conocer los hechos relacionados con la investigación número OIC/INVESTIGACION/ISEM/DENUNCIA/248/2020 (folio 05121-2020) que se encuentra en trámite”. Una vez que se reanuden las actividades gubernamentales, indicó, el denunciante tendrá derecho a ratificar la denuncia, “por lo que se le citará con las formalidades establecidas en la ley”.
La Secretaría de la Contraloría recordó que las actividades no esenciales fueron suspendidas para cumplir los acuerdos publicados en la Gaceta de Gobierno los días 23 de marzo, 17 de abril y 29 de mayo de 2020, con el objetivo de mitigar y evitar la transmisión del COVID-19, hasta que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las actividades gubernamentales.
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El 17 de junio, José Luis Cortés se inconformó por escrito ante Javier Vargas, titular de la Secretaría de la Contraloría, al considerar que no fue atendido el cuerpo de la denuncia que originalmente entabló ante esa dependencia, pues esta fue turnada al OCI del ISEM. Además, “de conformidad con el debido proceso”, y para no quedar en estado de indefensión jurídica, el denunciante solicitó el envío a su correo electrónico de cada uno de los documentos que amparan el trámite dado a la denuncia, incluidas las respuestas e información otorgadas por los funcionarios involucrados.
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La querella fue promovida por presunto “incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas” por parte de O'Shea Cuevas, debido a que, desde el 19 de septiembre de 2017, cuando fue cerrado el Hospital Valle Ceylán, más de 500 000 personas de los municipios de Tlalnepantla y Tultitlán se quedaron sin nosocomio y, por lo tanto, fueron privadas de su derecho a la salubridad. En ella, se advierte que, al día de hoy, el nosocomio no ha sido reabierto ni repuesto, a pesar de que el 9 de octubre de ese año el gobernador Alfredo del Mazo instruyó la reactivación inmediata del nuevo hospital en la zona oriente de Tlalnepantla, y la elaboración de un dictamen de estructura al Valle Ceylán, supuestamente afectado por el sismo del 19 de septiembre de ese año.
Cortés Trejo considera en su queja que O'Shea Cuevas podría incurrir en “daños y perjuicios de manera culposa o negligente” a ese medio millón de ciudadanos, quienes desde entonces no han recibido el servicio de salud en esa zona.