José Luis Cortés Trejo, exregidor de Tlalnepantla, presentó un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría en contra de su titular, Javier Vargas, y del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) por exonerar al secretario de Salud, Gabriel O´Shea, por la falta de un hospital en Tlalnepantla que brinde los servicios que proporcionó el Valle Ceylán hasta el 19 de septiembre de 2017.
La impugnación considera que la documentación del expediente OIC/lNVESTlGAClON/lSEM/DENUNClA/248/2020 que él promovió corrobora que el servidor público imputado no atendió las indicaciones de su superior, pues el 9 de octubre de 2017, el gobernador Alfredo del Mazo instruyó públicamente a O´Shea Cuevas para reactivar de inmediato el nuevo hospital en la zona oriente de Tlalnepantla: “Han pasado casi tres años y han delegado la responsabilidad de concluir el nuevo Hospital al INSABI”, lamentó.
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Para el denunciante, resulta “aberrante” que se pretenda desechar su denuncia, aduciendo que “de las constancias que obran en el expediente de investigación, no existe manifestación formal por parte de los usuarios de afectación alguna a la prestación de los servicios médicos que otorgaba el Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán”.
Desde su punto de vista, el OIC del ISEM debió ampliar la investigación al “Proyecto de Infraestructura Social, Sustitución y Equipamiento del Hospital General Tlalnepantla Valle Ceylán, Análisis Costo-Beneficio” de enero de 2012, donde se reconoce “una gran necesidad de espacios posibilitados para la hospitalización y atención especializada de enfermedades que derivan en agravamiento de la condición social de las familias mexiquenses no derechohabientes de escasos recursos económicos, hacia quienes se inclinan principalmente los servicios prestados por el ISEM”.
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El proyecto ofrecía atención médica de primer nivel y detección de enfermedades probablemente graves para 546 256 habitantes de Tlalnepantla y Tultitlán no derechohabientes, pero la falta del nosocomio, indicó, ocasiona un incremento en la demanda de las unidades hospitalarias cercanas, motivando la postergación de consultas.
La autoridad investigadora, expuso, tampoco consideró la actual situación socioeconómica originada por COVID-19 que aumentó la cifra de no derechohabientes, por lo que demandó que la Contraloría incluya en su investigación el proyecto referido, por encontrarse en los archivos del ISEM, y los estudios de mecánica de suelos y revisión estructural del hospital realizados por la empresa EDLA Construcciones S.A. de C.V., y entregados al Subdirector de Infraestructura en Salud el 4 de febrero de 2003.
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Este estudio técnico, indicó, de la mano con el realizado en diciembre de 2017 por la empresa EGOMARCONSTRUCCIONES S.A. de C.V., concluyen que el edificio original se encuentra razonablemente bien, sin reporte o huella física que evidencie que haya sufrido daños importantes. Ambas constructoras, dijo, hacen una serie de recomendaciones para habilitar el edificio con la finalidad de que siga operando como hospital, que no fueron atendidas por el servidor público señalado.
El fallo del OIC del ISEM que absuelve al secretario de Salud y archiva el expediente, justifica que el edificio fue desalojado y no reconstruido por riesgo inminente.