Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), advirtió ante legisladores federales que el Poder Judicial requiere mayor presupuesto para eficientar su trabajo, y una designación de jueces y magistrados por concurso, con miras a la *reforma judicial propuesta desde Presidencia de la República.
Lo anterior, en el marco del tercer diálogo nacional por la reforma judicial del que fue sede el Poder Legislativo del Estado de México, en esta ocasión en materia de “austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores del Poder Judicial”.
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En su participación, Sodi Cuéllar recordó que el Censo de Impartición de Justicia en México reveló que en las entidades federativas, en promedio, cuentan con 4.6 jueces por cada cien mil habitantes; el Estado de México apenas con 2.8, de manera que la insuficiencia de personal genera lentitud y rezago.
Por tanto, justificó, el objetivo de la reforma debe ser abatir el rezago. Recordó que el estándar internacional es de al menos 18 juzgadores por cada cien mil habitantes, pero en el caso de México, consideró que una meta realista debe considerar al menos 10.
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Para lograrlo, propuso fortalecer la autonomía presupuestal; que los recursos para el Poder Judicial sean progresivos, irreductibles, y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente.
También planteó la necesidad de crear el Fondo de Apoyo para la Impartición de Justicia de las Entidades Federativas, integrado a los recursos del Ramo 33, y exentar a los poderes judiciales locales del límite de 3% de aumento anual al capítulo mil establecido en la Ley de Disciplina Financiera para incrementar paulatinamente el número de servidores judiciales.
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Además se pronunció por fortalecer la carrera judicial con concursos de oposición (en contraposición a la designación de juzgadores por voto popular).
Finalmente, refirió que una buena administración de justicia es costosa, pero una mala administración de justicia lo es más. En este entendido, enfatizó que el debate de la reforma debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y racionalidad del gasto, por una aplicación oportuna, transparente y eficiente de los recursos públicos.