Ante la iniciativa que busca eliminar el Dictamen Único de Factibilidad emitido por el Gobierno estatal, el gremio privado enfatizó la importancia de generar alternativas para que los trámites regulatorios no recaigan en los municipios, pues temen que los procesos sean tardíos y se exponga a los negocios ante temas de corrupción.
“Requeriría de equipos de trabajo en cada municipio, situación que podría malgastar recursos y exponer a los negocios a temas de corrupción, al no contar con la gente necesaria para que los trámites sean ágiles”, consideró Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle de Toluca.
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Propuso que, para que la determinación del impacto, bajo o alto, de un negocio quede en manos del estado y no de los municipios, se analice la propuesta de derogar las fracciones Cuarta y Octava del Reglamento del Libro Quinto, que refiere: “Uso de suelo de impacto urbano señalados en los planes municipales de desarrollo urbano” y “Aquellos usos y aprovechamientos de suelo de impacto urbano señalados por otras disposiciones jurídicas estatales y municipales aplicables”.
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Chemor Sánchez destacó la importancia de que contribuya a la mejora regulatoria y que los negocios tengan certidumbre jurídica con un trámite ágil, automatizado y sin corrupción; por lo que se expresó a favor de la derogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial. De esta forma los negocios de bajo impacto realizarían la tramitología en los municipios de manera rápida, mientras que los negocios de alto impacto quedarían en un organismo que una los trámites de las dependencias, como tenía contemplado de origen el Dictamen Único de Factibilidad (DUF).
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“Es importante que exista una herramienta como el Dictamen Único de Factibilidad, como estaba hecha en origen, pensado como un trámite único que evitaría que los empresarios tuvieran que acudir a diversas instancias para realizar sus trámites”, dijo.
A su voz se sumó la de Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), quien calificó como inviable que los municipios se queden a cargo de un trámite fundamental para la llegada de inversiones, pues ello podría ampliar, reiteró, la oportunidad de corrupción.