El Observatorio de Amnistía del Estado de México -integrado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Hazme Valer, CEA Justicia Social, CIVICUS, Justicia Transnacional Mx, EnVero Canadá y el independiente Mariano Beltrán- advirtió opacidad y obstáculos en la aplicación de la ley en la materia, por lo que demandó a las autoridades involucradas a transparentar los procesos.
Los organismos que participan en el seguimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México indicaron que no es suficiente la liberación de beneficiarios, sino también es necesario el registro riguroso y meticuloso de las personas amnistiadas para dar a conocer a la opinión pública, y a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos cómo se está llevando a cabo el proceso de admisión, revisión, evaluación y decisión en todos los casos presentados como amnistiables.
"Ninguna legislación será eficiente si no hay claridad, tanto en sus procesos como en sus resultados", alertaron.
Lo anterior, en virtud de que para el 25 de abril, el Poder Judicial del Estado de México hablaba de 59 beneficiarios de la norma referida que, sin embargo, no pueden ser corroborados, por ésta falta de claridad.
"Hasta el momento, mo existe registro alguno indicando las circunstancias y los procedimientos bajo los cuales dichas personas beneficiarias hubieran sido liberadas. Asimismo, se ignora cual fue el seguimiento que se les ha dado para que accedan a programas de reinserción integrales. Tampoco existe información desagregada por género, edad, tipo de delito en relación con los cuales fueron amnistiadas, centro penitenciario penal en el que se encontraban privadas de su libertad, así como otros datos indispensables para dar certeza en la correcta implementación de la Ley y conforme a los principios y modalidades de transparencia", alertaron.
Además denunciaron la autoridad judicial estatal utiliza, de forma recurrente, algunos argumentos para obstaculizar y/o impedir la salida de más personas, pues en ventanilla no se aceptan algunos documentos y otros se arguyen como inelegibles, pero no se precisa con antelación sobre los requerimientos documentales ni de los formatos.
A los organismos defensores también se les han puesto trabas, pues a pesar de los lineamientos establecen que basta la firma del titular en la promoción de solicitudes, para la presentación se acusa que los titulares no protestaron el cargo, requisito que, conforme a los lineamientos, solo es necesario para los defensores públicos.
El obstáculo más recurrente, enlistaron, radica en que los jueces se niegan a tramitar la constancia de primodelincuentes, mientras a los familiares la Fiscalía les niega el trámite bajo el argumento de que la atribución es de competencia exclusiva de los jueces.
De la misma forma, denuncian que se establecen montos desproporcionados por concepto de reparación del daño, lo que vuelve inaccesible el beneficio para quienes fueron criminalizados por su condición económica (por ser pobres).
Otro obstáculo detectado por estás organizaciones radica en que se están desechando las solicitudes bajo el argumento de que los procesos se encuentran en vía de resolución de amparo o apelación, pese a que la norma específica que puede ser promovida en cualquier etapa; o porque sólo uno de los involucrados en un mismo hecho delictivo la promueve, pese a que el procedimiento es individual.
Tampoco, lamentaron, se ha difundido el beneficio en todos los Centros Penitenciarios de la entidad, de tal manera que no se ha enterado el total de la población penitenciaria, sobre todo quienes reúnen los requisitos o se encuentran en los supuestos.
"De manera preocupante se han observado une serie de incongruencias de fondo que, de seguir invocándose, no solamente violarían el espíritu mismo de la Ley, sino que en concreto limitarían de forma arbitraria y dolosa el cumplimiento de los objetivos de la misma para garantizar el acceso a la justicia social a quienes, por razones de vulnerabilidad, se encuentran privados de su libertad".
Por lo tanto, las organizaciones confiaron en que para el siguiente informe (realizarán uno de forma mensual) cuenten con información veraz y verificable sobre quiénes son los beneficiarios y como se evalúan las solicitudes presentadas.
El Observatorio también demanda mayor transparencia y profesionalismo de parte de las autoridades del Estado en la atención de solicitantes y respuesta a las solicitudes de acceso a información.
De igual manera, espera estar en condiciones para reportar un mayor número de amnistías otorgadas, de casos admitidos, y de liberaciones de personas privadas en relación con delitos de alto impacto que no han cometido.
Recordaron que la promulgación de la ley fue un triunfo social, al considerar urgente amnistiar a víctimas de tortura, detención arbitraria, fabricación de delitos, violaciones a los derechos humanos y procesales, y con fallas en el debido proceso.