El Poder Judicial del Estado de México estima que, entre la Ley de Amnistía local y el acceso a los supuestos de preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, alrededor de seis mil personas privadas de su libertad podrían dejar las cárceles mexiquenses, por lo que el diputado Max Correa llamó a no crear falsas expectativas entre quienes arguyen fabricación de falsos delitos.
Aunque el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero estima en alrededor de 19 500 las personas injustamente encarceladas, y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos calcula en 14 000 el número de falsos culpables en penales mexiquenses, Correa advirtió que la Ley de Amnistía para la entidad no acabará con las injusticias del sistema penitenciario, pero será un instrumento que contribuya a ello.
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Correa Hernández recordó que la iniciativa de Morena no contempla como beneficiarios de la norma a los detenidos por delitos graves, pero indicó que la Ley de Amnistía sí puede establecer algunos criterios para que puedan ser valorados por la Comisión Especial mediante figuras como el indulto, que es facultad del gobernador, en afán de hacer posible su excarcelación.
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Por lo tanto, la intención es que la norma que se está configurando y espera ser aprobada, de preferencia por unanimidad, durante el periodo ordinario de sesiones que inicia el 5 de septiembre, fortalezca la instancia técnica que valorará los candidatos al análisis y beneficios de la Ley Nacional de Ejecución de Penas y del indulto. Insistió en que el indulto significa olvido, y en ese entendido, los falsos culpables beneficiados no podrían acceder a la reparación del daño ni contemplarse sanciones para los servidores públicos que incurrieron en errores procesales, porque, además, el objetivo es reconciliar a la sociedad mexiquense.
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Refirió que en el debate también se encuentran los catorce supuestos de acceso al beneficio para que no estén duplicados en la ley nacional, entre ellos, la definición de la competencia o fuero a partir del gramaje, en el caso de los delitos contra la salud; la integración de la Comisión que analizará los casos para que los Poderes no se conviertan en juez y parte o en cuarta instancia; garantizar la reparación del daño a las víctimas y su derecho a conocer la verdad cuando haya falsos culpables; y el seguimiento para beneficiarios de preliberaciones y amnistía con el objetivo de garantizar su reinserción social, entre otras aristas.
Finalmente, aseguró que la intención de Morena es construir una nueva política penal que no criminalice la pobreza, no estigmatice y deje atrás el populismo penal tentado por el incremento de penas y la construcción de más penales que no resuelven la delincuencia, inseguridad y violencia en el país.