La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos presentó dos iniciativas al Senado de la República para reformar la Ley de Amnistía federal, con la finalidad de que accedan al beneficio quienes son procesados o han sido sentenciados por delitos de alto impacto.
Insistió en que la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 para instalar y consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) no se cumplió; como resultado, en todo el país miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, entre ellos los de alto impacto: homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios, robos con la modificativa de haberse cometido con violencia, etc.
Por esta razón, promovió que el Senado integre una Comisión Ordinaria en Materia de Amnistía que dé seguimiento a la ley, conozca los casos en que se presuman estas anomalías y verifique si encuadran en los supuestos jurídicos para acceder al beneficio, pese al delito que se les impute.
Conforme a la propuesta, la Comisión Ordinaria debe integrar a un grupo de expertos de México y de otros países en donde el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido exitoso, para revisar y resolver las solicitudes presentadas, a fin de determinar la necesidad de solicitar la opinión consultiva de alguna instancia involucrada.
Entre los organismos que podrán consultarse se encuentran la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, y organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos.
Éstas deberán emitir la opinión en un plazo razonable, sin que eso necesariamente obligue el otorgamiento de la amnistía.
En la revisión, se planteó la necesidad de enfatizar la etapa de investigación inicial e investigación judicializada para concluir si las conductas delictivas se cometieron o no por las personas que están procesadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.
La organización, además, propuso modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que las universidades integren Proyectos de Inocencia que revisen, con presupuesto público, la integridad de las condenas dictadas por los órganos jurisdiccionales del fuero común y federal desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El análisis se realizará a partir de los argumentos y pruebas que ofrecieron las fiscalías durante el proceso penal y que sirvieron dictar las sentencias o medios de defensa del fuero común o federales, en los casos solicitados por las personas privadas de la libertad que aleguen haber sido objeto de injusticias, para determinar si estas peticiones tienen algún mérito o no.
El propósito de esta estrategia es establecer si se cometieron o no errores en la investigación del delito.