Debido a que fue promovido al cargo de magistrado por el ex gobernador Eruviel Ávila, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. advirtió que el ahora senador se encuentra detrás de la candidatura de José Luis Cervantes Martínez a la Fiscalía Estatal (FGJEM) con el propósito de echar abajo la Ley de Amnistía y fortalecer la fábrica de culpables.
“La mancuerna entre el senador Eruviel Ávila Villegas y el magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza está jugando con sus peones para volver apoderarse de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, consideró la asociación civil.
Cervantes Martínez -a quien además se vincula familiarmente a los peñistas Raúl Cervantes, ex procurador general de la República; Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico; y Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador estatal y ex comisionado para la seguridad en Michoacán-, recordó PIDH, fue designado magistrado local por “cuota”, sin tener carrera judicial.
Mediante el oficio número 00003527 del 07 de junio de 2016, expuso, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza, ordenó a la diputada Brenda Alvarado, presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura mexiquense, aprobar el nombramiento del entonces subprocurador en Tlalnepantla, por instrucciones del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
La postulación, dijo PIDH, no es menor, pues estamos hablando de un aspirante a la titularidad de la FGJEM vinculado al PRI: el 4 de agosto de 2009 fue nombrado por el entonces procurador Alberto Bazbaz Sacal subprocurador general de justicia en Tlalnepantla, a petición del ex gobernador Enrique Peña Nieto.
Para el organismo, José Luis Cervantes es corresponsable de la falta de aplicación de más de 7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de la violación de los derechos humanos a miles de personas que en el Estado de México fueron detenidas de manera arbitraria para fabricarles delitos de alto impacto.
Cervantes Martínez fue titular de la subprocuraduría general de justicia en Tlalnepantla de 2009 a 2016, desde donde para PIDH fue partícipe de cómo los ministerios públicos, policías ministeriales y peritos de la FGJEM no fueron certificados como lo estableció el constituyente permanente en el artículo 21, incisos a) y b) de la Carta Magna, lo que implica una responsabilidad administrativa y penal que lo invalida para el nombramiento.
La organización recordó que en 2016 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) reconoce que feneció el plazo establecido como límite por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para instaurar el Servicio de Carrera en las entidades federativas para operar el nuevo sistema de justicia y como un requisito para que los operadores de justicia se mantuvieran en su encomienda.
“La candidatura del magistrado José Luís Cervantes Martínez contraviene a las disposiciones establecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), concretamente en el informe titulado: ´Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas´, publicado el 5 de diciembre de 2013”, indicó el organismo.
Lo anterior, abundó, porque cuando se desempeñó como subprocurador “no se condujo con autonomía en las investigaciones y mucho menos como magistrado en las resoluciones en los recursos de apelación, ya que en la mayoría de sus determinaciones con sólo indicios y no con pruebas por falta de investigación complementaria o judicializada, ratificaba los delitos de alto impacto de inocentes a quienes se les fabricaban los delitos”.
El informe de la CIDH destaca la importancia, en el derecho internacional, de que las investigaciones y actividades relacionadas con la persecución del delito “sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito”, mientras la Corte Interamericana ha destacado la importancia de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos, además de inmediatas y exhaustivas, sean independientes e imparciales.