El Poder Judicial estatal, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la comisión parlamentaria especial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), acordaron dar cumplimiento a los amparos otorgados en favor de los internos que ya cuentan con pronunciamientos favorables de dicho órgano defensor para acceder a la libertad mediante la Ley de Amnistía de la entidad.
A través de un comunicado, el titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi, se refirió a “la petición de las personas en huelga de hambre” para que se considere la liberación bajo la Ley de Amnistía de procesados y sentenciados por delitos graves en 25 casos, donde ya existe la opinión consultiva de la Codhem.
Los titulares de las instituciones citadas se reunieron, y, según lo informó Sodi, se plantea buscar esquemas de acceso a la justicia para analizar caso por caso a profundidad, ya sea mediante la Ley de Amnistía o con alternativas de preliberación, y aseguró que si hay injusticias, se repararán, siempre escuchando a las víctimas, para que la institución que representa además sea protectora de los derechos humanos.
También pidió a estas dependencias trabajar para que ningún inocente esté en prisión.
En el caso del Poder que representa, Sodi expuso que ha recibido dos mil 990 solicitudes de amnistía, y a través del análisis y estudio ha otorgado el olvido legal a mil 104 hombres y mujeres.
En tanto, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, propuso agotar las vías para ayudar a las preliberaciones, buscar posibles patrones en los casos de los llamados “injustamente presos” y crear un protocolo de actuación para evitar las injusticias tanto a imputados como a víctimas.
Por su parte, el diputado Max Correa, presidente de la Comisión parlamentaria especial en materia de amnistía, expuso que la colaboración entre Poderes y órganos autónomos operadores de justicia es fundamental en la construcción de paz, por lo que el organismo que encabeza mantiene firme su compromiso con la reconciliación entre sociedad e instituciones para la construcción de una cultura pacificadora y de un ambiente de derechos humanos.
Además, celebró la voluntad de los Poderes Judicial y Ejecutivo para generar el espacio de diálogo ordenado, respetuoso y propositivo que permita escuchar y atender a quienes buscan los beneficios de la amnistía y otras alternativas legales.
“Con trabajo interinstitucional las personas injustamente presas obtendrán respuestas favorables mientras se encuentren en los supuestos establecidos en la Ley de Amnistía o, en su caso, se buscarán mecanismos de preliberación u otras opciones que ofrezcan las leyes, siempre con la aplicación de un criterio pro persona y apegado a los derechos humanos”, confió.
En tanto, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la Comisión Especial de Amnistía sigue trabajando, pese a que la actual Legislatura está en receso; y si bien su función es atender temas como la fabricación de delitos o la violación de derechos humanos, implica estar en contacto permanente con el Poder Judicial para conciliar el enfoque con el cual se sentencia. Todas las recomendaciones que están llegando a esta comisión, afirmó, se están procesando.