Integrantes de organizaciones sociales exigen al Gobierno Mexiquense, a la Secretaría de Salud y a los diputados, respetar sus derechos reproductivos.
En las últimas semanas el grupo de mujeres ha presentado dos amparos ante los juzgados especializados en amparo y juicios federales en el Estado de México, uno en Toluca y otro en Naucalpan para exigir que se declaré la inconstitucionalidad del delito de aborto.
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Este sector de la población asegura que actualmente la regulación vulnera el derecho a decidir de las mujeres con capacidad de gestar, al prohibirlo en cualquier momento de la gestación, por lo que el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila por contener esta prohibición, que va en contra del artículo 4to constitucional.
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La respuesta emitida por dichos juzgados ha sido diferente y en lo que respecta a Naucalpan se rechazó la demanda de amparo, en Toluca, por el contrario, fue admitida y se solicitó informe justificado a las instituciones correspondientes. Consideraron que los estándares de los jueces no son uniformes, a pesar de la resolución de la Corte, cuestión que coloca en una situación de incertidumbre a las mujeres, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos.
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Esta estrategia busca que se empiecen a brindar servicios de aborto voluntario, seguro, universal y gratuito en toda la entidad, por lo que se cubre una necesidad de servicios, ya que hasta el 31 de diciembre del 2022, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 70 mil 858 mujeres mexiquenses han accedido a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), representando el 27 por ciento de los servicios brindados desde la despenalización del aborto en esta entidad en el 2007 donde las solicitudes de las mujeres mexiquenses han mantenido al Estado de México como la segunda entidad con mayor solicitud de atención a servicios de aborto seguros, gratuitos y legales.