El Congreso local aprobó, por mayoría, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas, la cual tiene como finalidad regular y garantizar, en las instituciones del Sistema Estatal de Salud, el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación, así como notificar a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos correspondientes.
En el dictamen se menciona que las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género, con interés superior de la niñez y no de criminalización, porque el “embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”.
“Detrás de cada número hay una historia terriblemente muy alarmante y un abuso de un silencio de miedo no solamente de la víctima, sino de la familia.
Esta iniciativa busca garantizar que aquellas niñas que fueron violentadas puedan acceder a un procedimiento seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación”, afirmó.
Durante la discusión, la diputada del PAN Jovannie Ibarra cuestionó que se apruebe este nuevo cuerpo normativo, cuando “a todas luces ya existe y está legislada la interrupción legal del embarazo en niñas víctimas de una violación tanto en el estado y la Federación.
4 de cada 10 menores de 14 años son víctimas de violación en Chiapas
“¿Cuál es el verdadero objetivo de esta ley? Me queda claro que no es el de proteger a las niñas y adolescentes víctimas de violación que hayan quedado embarazadas. La redacción de la ley manifiesta que lo que importa es dotar de presupuesto a las instituciones del estado para llevar a cabo los abortos”, denunció.
La diputada del PT Elvira Catalina indicó que ninguna ley que defienda los derechos de las niñas puede llamarse “frívolamente duplicidad”.
“Hay muchas niñas que pueden ser violadas y que ni siquiera lo saben. Hay estadísticas en las que las niñas tienen que llevar a cabo embarazos de los cuales no son conscientes debido a la falta de información; no podemos tratar con frivolidad este tema o hablar de duplicidades, cuando no existe una ley reglamentaria para el sistema de salud”, mencionó.
La también morenista María Isabel Rodríguez se expresó en contra de la ley, ya que aseguró que no defiende los mecanismos de prevención, por lo que se corre el riesgo de que la respuesta se limite a un procedimiento médico sin abordar las causas estructurales. Dijo que se deben desarrollar campañas de protección que detengan el abuso sexual para que sea erradicado de raíz en la sociedad.