El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez aseguró que los esquemas de autogobierno, corrupción y abusos contra las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hay en los 23 centros penitenciarios del Estado de México, es una situación que conocen las autoridades estatales, por lo que es necesario sancionar su responsabilidad al momento de algún deceso, vejación, violación o tortura a los internos.
Esta aclaración fue vertida por el diputado local Ariel Juárez, presidente de la Comisión Estatal de Sistema Penitenciario, durante el inicio del análisis en comisiones de su iniciativa para tipificar el delito por autoridad penitenciaria.
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“Las autoridades penitenciarias están más que rebasadas por la corrupción que prevalece con la complicidad de los distintos esquemas de gobierno que tenemos en el Estado de México, desde el custodio, quien tiene el contacto directo con las PPL, y hasta el propio secretario de Seguridad, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva el gobernador”, planteó.
Desde su punto de vista, no son los directores de los penales quienes tienen el control de las cárceles estatales, de manera que resulta importante que haya responsabilidad para los custodios que permiten las anomalías, pues en la actualidad, si se suscita una riña y llega a haber heridos o muertos, no se sanciona su complicidad por acción u omisión.
El morenista indicó que una adición al capítulo II Ter, delito por autoridad penitenciaria, delito por la integridad y la vida corporal del Código Penal del Estado de México busca hacer valer lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones V y VII del artículo 20, para garantizar la integridad física de las PPL y el respeto a los derechos humanos, buscando eliminar los abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan, que son conocidos, aunque los nieguen.
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La exposición de motivos refiere que en el Estado de México hay 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, incluyendo el de Adolescentes y el que supuestamente es Modelo; en ellos hay 34 mil 475 Personas Privadas de su Libertad (PPL), lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos y, en muchos de los casos, abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.
El autor de la reforma destacó que quien cometa un delito debe pagar conforme a lo que determina la legislación, pero eso no debe ser motivo para que sean violados sus derechos humanos ni para que sea sujeto a agresiones por parte del personal penitenciario.
Indicó que la corrupción y autogobierno permiten que en los dormitorios existan las llamadas “madres” o “mamás”, quienes garantizan al director del reclusorio el control de los demás internos en los dormitorios, evitan los motines y otorgan privilegios, prebendas y facilidades dentro de la cárcel.
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Todo esto, dijo, ocurre bajo la complacencia de los custodios, jefe de la aduana, jefe de turno, subdirector, director, subsecretario del Sistema Penitenciario y del propio secretario de Seguridad.
Es necesario, destacó Juárez Rodríguez, evitar que siga esta complicidad entre las autoridades penitenciarias y quienes controlan realmente el centro penitenciario.
Todo este esquema de corrupción, refirió, lleva a establecer verdaderas situaciones de castigo, extorsión, tortura, golpizas y situaciones de las que la Comisión Especial del Sistema Penitenciario recibe constantemente quejas, tanto de custodios que ejercen control sobre las PPL como de los propios líderes de los dormitorios.
Denunció que quien dirige el penal de Barrientos es el famoso “gorras” o el “300”, quien obtuvo su libertad la semana pasada, pero a quien la FGJEM le ejecutó otra orden de aprehensión de manera que ingresó al penal de Cuautitlán, con su respectivo moche a la directora de Cuautitlán, Paula Gabriela Valdez, y a Norma Rodríguez y Sergio Hidalgo; “regresó a ser nuevamente dueño de este penal”, afirmó.
El morenista respaldó la propuesta del diputado priista Braulio Álvarez para que asistan autoridades penitenciarias al análisis de la iniciativa, pero aseguró, que quien debería de acudir debería ser el secretario de Seguridad.
Desde su punto de vista, los funcionarios evaden la realidad, al dar solo un diagnóstico y una justificación, sin reconocer y corregir el esquema bajo el que operan los penales, y propuso que se invite a familiares de internos, sin ningún tipo de represalia, para escuchar de viva voz lo que tienen que padecer con el sistema de corrupción.
Los familiares, indicó, denuncian que no pueden abrir la boca porque trasladan a sus PPL del Estado de México a otras entidades, solo por denunciar lo que pasa en los penales estatales, por lo que también se debe convocar a organizaciones como Presunción de Inocencia, Zeferino Ladrillero, a Reinserta, entre otras.