El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local urgió una revisión al sistema penitenciario del Estado de México, donde en 2022 se presentaron 14 homicidios, 9 suicidios y 156 riñas.
El diputado Gerardo Ulloa, ex presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, indicó que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 otorgó al Estado de México una calificación estatal promedio de 6.71 en los 18 Centros Preventivos y de Readaptación Social evaluados.
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En estos penales, durante ese periodo se reportaron 14 homicidios, 9 suicidios y 156 riñas, y los organismos de derechos humanos recibieron mil 011 quejas.
El estudio elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalla que el Estado de México, con una población penitenciaria de 34 mil 557, recibió una calificación estatal de 6.71, menos que la Ciudad de México (Cdmx), a quien se calificó con 6.92, en una escala del 0 al 10.
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Ambas entidades son consideradas en el grupo “F” porque cuentan con una población de 20 mil 001 personas privadas de la libertad en adelante.
Los estados peor calificados fueron Tamaulipas, con 4.26 y una población de 4 mil 044 PPL; Hidalgo, con 4.63 y una población de 4 mil 785; y Zacatecas, con 4.70 y una población de 2 mil 352 internos.
De entre los penales federales, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 de Almoloya de Juárez, que cuenta con una población penitenciaria de 573 personas, tuvo una calificación de 7.42, la más baja del listado.
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En contraste, el Cefereso número 5 de Veracruz recibió 7.48 de calificación, el número 7 de Durango alcanzó 7.62, el de Morelos tiene 8.5, el número 4 de Nayarit cuenta con 8.9 y el número 8 de Sinaloa con 8.10.
Sobre las cárceles estatales, el diagnóstico nacional calificó con 8.11 al Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenango del Valle; sin embargo, el de Ixtlahuaca tuvo 5.31 y el de Zumpango 5.74.
En estos centros se recomienda prestar atención en problemas como la deficiencia en la atención a PPLs en condiciones de aislamiento, se advierte falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección; hacinamiento y sobrepoblación.
También se encontraron deficiencias en la alimentación, en las condiciones materiales e higiene de instalaciones.
Además, hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.
De igual manera, existe deficiente separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las PPL, inadecuada vinculación de las PPL con la sociedad y en la atención a personas con discapacidad, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
El reporte compila los incidentes violentos reportados; Nuevo León aglutinó mayor número con 186, seguido del Estado de México con 183 y Oaxaca ocupó el tercer lugar con 88.
El Estado de México ocupó el primer lugar en homicidios con 14, seguido por Colima con 9 casos y Tamaulipas con 4.
Con respecto a los suicidios, Jalisco y el Estado de México registraron 9 casos cada uno, Sonora reportó 8 y la Ciudad de México, 7. Con respecto a las riñas, Nuevo León ocupó el primer lugar con 185, seguido por la entidad con 156 y, en tercer lugar, Oaxaca con 72.
Con respecto a las quejas presentadas ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el documento se establece que la Ciudad de México ocupó el primer lugar al recibirse 2 mil 405, en segundo lugar el Estado de México con mil 011 quejas, y en tercer lugar Puebla con 631.
El mayor porcentaje de quejas fue por la presunta vulneración al derecho a la salud; las autoridades más señaladas son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades penitenciarias, seguridad y custodia del centro y personal médico.
Las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Tlaxcala, informaron que emitieron 1 recomendación cada uno.
Ante este escenario, Ulloa Pérez consideró necesario revisar el Sistema Penitenciario del Estado de México que dista mucho de ofrecer las condiciones óptimas para que las PPL cumplan sus sentencias y se reintegren a la sociedad.