A través de un posicionamiento público, ex presos políticos, entre ellos los de Atenco, Tlanixco y Salazar, recordaron que, pese a ser inocentes, fueron acusados de delitos de alto impacto, por lo que una Ley de Amnistía para el Estado de México que sirva, necesariamente debe incluir a los injustamente detenidos, también por delitos de alto impacto.
Adicionalmente, las comisiones de Procuración de Justicia y Derechos Humanos realizaron la segunda sesión de parlamento abierto con miras a construir el referido marco normativo, con la participación de autoridades, especialistas, defensores de derechos humanos, familiares de personas privadas de su libertad e involucrados.
Durante el ejercicio, Fernando Cárdenas Ulises, fiscal central jurídico de la FGJEM, recordó que la amnistía consiste en olvidar hechos delictivos, en cualquier etapa procesal y pasados, fundamentalmente políticos, aunque no es su única aplicación y no encaminada a personas morales. No obstante, destacó la necesidad de que el marco normativo no pierda de vista a las víctimas; admitió que sólo 10% de las denuncias se judicializa porque no hay mayor capacidad ministerial y judicial. Entre este porcentaje se encuentran los delitos de alto impacto, por lo que una amnistía para esta clase de ilícitos, que son más de 709 hipótesis, repercutiría significativamente en el número de internos.
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Admitió que la reinserción social es una deuda de las autoridades hacia la ciudadanía; dijo no tener una cifra aproximada de los beneficiarios con las 14 hipótesis propuestas por Morena; muchos temas se deben analizar caso por caso; no es sencillo establecer reglas generales para evitar que sean beneficiarios quienes cometieron delitos graves; es natural que todos se presuman inocentes; hay que fortalecer el sistema judicial; durante el sistema inquisitivo tradicional, bastaba el señalamiento del Ministerio Público para la mayoría de casos de injusticias cometidos; ahora las pruebas deben ser acreditadas por el MP: “Estamos comprometidos con todos los casos de falsos culpables. En muchos de ellos hemos desistido y se da vista para sancionar a los servidores públicos”, capacitamos permanentemente al personal en derechos humanos, tenemos una Fiscalía de combate a la corrupción, comisión de honor y justicia e investigaciones en su contra.
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Jorge Olvera, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), indicó que este organismo no coincide en que la ley favorecerá la impunidad, pues es necesario dejar de lado los prejuicios y recordar que las Personas Privadas de su Libertad (PPL) son también seres humanos sujetos de derechos a los que no debe criminalizarse ni estigmatizarse. Consideró que amnistiar es equilibrar y proteger a quienes no han accedido a la justicia por causa de las autoridades que la operan; proteger a los menos favorecidos, a los vulnerables, quienes cometieron delitos menores, padecen patologías, son procesados por delitos no tipificados a nivel internacional, con la finalidad de que “recuperen su vida, su empleo, su familia, que logren su reinserción”. Empero, consideró necesario no incluir delitos graves en la ley para no afectar a las víctimas, pero considerarlos en la práctica, al confirmarse que hubo violaciones a las garantías individuales y al debido proceso.
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Fabiola Vitte, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), dijo entender el miedo de la sociedad en torno a que una ley de amnistía libere a delincuentes, pero destacó la necesidad de que también se dude de la impartición de justicia, pues generalmente se sentencia bajo prejuicios y sólo por el dicho de una persona que no se sabe si existe. Destacó la necesidad de incluir en el beneficio a los delitos graves cuando haya indicios de violaciones a derechos humanos y al debido proceso, recordando que a los detenidos en Atenco, Tlanixco, Salazar, Óscar Hernández Neri, les fueron fabricados delitos como secuestro, robo con violencia u homicidio para deshacerse de ellos.
Aunque se pronunció por no incluir los delitos de lesa humanidad entre los beneficiarios, lamentó que en prisión no están quienes torturan o fuerzan desapariciones, y recordó que las estadísticas penitenciarias refieren que el principal porcentaje de PPLs es joven, pobre o en pobreza extrema, con niveles académicos de 0 a 9 años (secundaria), por lo que queda claro el prototipo al que se ha criminalizado, y lo que revela que 19 500 internos podrían ser beneficiarios, a quienes debe darse seguimiento con la participación de las ONGs.
Ángeles Bravo, del Frente Nacional por la Familia, aseguró que su organismo no quiere inocentes en las cárceles, ni cárceles sobrepobladas porque no son justas ni hay reinserción social. Sin embargo, consideró que los inocentes no quieren perdón porque quedarán con antecedentes, sino justicia, que les regresen lo que se les quitó. Además de ser necesario el seguimiento, lo que implica una reforma integral y no una ley de amnistía, dijo que actualmente no hay presas por aborto, de tal manera que no es necesario incluirlas. Una Ley de Amnistía, dijo, dejaría desamparados a los inocentes, pues “también las familias tenemos derecho a salir a la calle sin miedo, con garantías”.
La litigante Jazmín Flores Zaragoza indicó que la norma debe garantizar la reparación del daño a las víctimas para asegurar equilibrios; advirtió que la Comisión Reguladora de la ley debe ser externa al Poder Judicial y a la FGJEM para no tomar el papel de juez y parte; las atribuciones de ambas instancias deben consistir en otorgar información clara, precisa y rápida a la Comisión Reguladora y acatar el fallo de libertad, independientemente de la etapa procesal en que se encuentren. La Ley de Amnistía, dijo, es facultad operativa del Congreso. También propuso que se consideren como beneficiarios los procesados por delitos graves porque hay fabricación de carpetas y aborto, tener perspectiva de género.
Al final, las dudas de los diputados se centraron en la necesidad de establecer candados que garanticen la libertad de los falsos culpables, pero impidan la liberación de verdaderos responsables.