El juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Ecatepec, Jorge González Rivera, ordenó el arresto de José Antonio Lara Duque, defensor de la activista Kenia Hernández, por solicitar la presencia de un traductor indígena de amuzgo durante el proceso que se sigue a la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” por el presunto robo con violencia de 500 pesos a los tripulantes de una camioneta en la caseta de cobro San Cristóbal.
La orden de arresto tiene fecha para concretarse el 27 de mayo. El además abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) explicó que la determinación se tomó porque el juez considera que con la petición del traductor indígena se interrumpe el juicio contra Hernández Montalván, considerando que ella habla español.
Sin embargo, Lara Duque recordó que es un derecho constitucional para los integrantes de los pueblos indígenas contar con traductores en su lengua, y con la negativa –pues el juzgador incluso se mofó de la petición-, el Poder Judicial del Estado de México demuestra prepotencia, ignorancia, imposición y desprecio hacia las personas de origen indígena. “El fondo es que el impartidor de justicia considera que una persona indígena debe de ser ignorante y estar en extrema pobreza; en contraparte, los dispositivos legales nacionales e internacionales disponen sobre la necesidad de intérpretes proporcionados por el Estado para garantizar un debido proceso”, recordó.
Para el litigante, “la actitud del juez González Rivera no sólo violenta el procedimiento jurídico, sino además revela su prepotencia, ignorancia, imposición y desprecio al evitar reconocer la calidad de figura indígena de Kenia Inés Hernández Montalván, al ordenar el arresto a su defensor y obligarlo a presentar dicho intérprete”.
Por esta razón, el CDHZL hizo un llamado urgente al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para que intercedan de manera inmediata “ante el atropello del impartidor de justicia mexiquense”.
Lara Duque lamentó que representantes como el juez Jorge González Rivera tengan conflicto en la interpretación de los derechos de las personas consideradas vulnerables, pues contraviene la reforma que el ministro Lelo de Larrea impulsa para combatir la corrupción y acercar la justicia a las personas más modestas del país.
Kenia Hernández fue detenida el sábado 6 de junio de 2020 en la caseta de cobro La Hortaliza, de la carretera Toluca-Valle de Bravo, acusada de robar --presuntamente a mano armada- una cartera con 500 pesos a dos personas identificadas como José Daniel “N” y Shirley “N”, quienes iban a bordo de una camioneta el 19 de marzo de ese año, mientras se realizaba una manifestación en la caseta San Cristóbal. La activista indicó que, en este caso, fue vinculada a proceso sin que la juez valorara sus pruebas, entre ellas los testimonios para probar que al momento que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio de resguardo, porque desde 2019 era beneficiaria del mecanismo de protección a defensores.
Entonces, José Antonio Lara denunció de las supuestas víctimas se apoyaron en una investigación particular que hizo la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense (concesionada a OHL, ahora Aleatica), donde detalla el perfil personal y político de la acusada.
“No podemos permitirnos en el estado ni en ninguna parte del país que se pretendan incorporar pruebas realizadas por empresas o particulares bajo aparentes mecanismos ilegales de obtención de datos, pues del informe de Conmex sobre Kenia se puede deducir que intervinieron su teléfono, la siguieron, verificaron sus movimientos, y eso parece espionaje”.
En contraste, abundó, se pasó por alto que quien acusa no presentó videos que prueben la presencia de la luchadora social en la protesta, pese a que todas las casetas tienen sistema de vigilancia y circuito cerrado, y las fotografías aportadas por la parte acusadora son de un grupo diverso al de la activista, quien ha recibido amenazas, ataques mediáticos y agresiones, producto de su lucha por la liberación de presos políticos y contra la violencia hacia mujeres.
Este procedimiento judicial es uno de los siete iniciados contra Kenia –detenida en el Centro Femenil Federal de Alta Seguridad de Morelos, acusada de obstrucción a las vías de comunicación-: cinco en el orden federal y dos del fuero común.
El informe “Semillas de la Dignidad y la Lucha” –que compila la situación de los defensores de derechos humanos en México de 2019 a 2020 y fue elaborado por 85 organizaciones de 23 estados del país que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)- reconoce el caso de Kenia como uno de los más graves de criminalización vigentes. “Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión”, expone el documento.