Organizaciones nacionales e internacionales como Front Line Defenders (FLD), ACAT Francia, CIVICUS Global Alliance, Cultural Survival e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) emitieron pronunciamiento conjunto para exigir la liberación inmediata de la activista Kenia Hernández, al considerar que al menos han sido violentados 13 de sus derechos humanos.
En el llamado, al que también se suman la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), ProDESC, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, señalan que “durante tres años, el Estado mexicano ha violado los derechos humanos de Kenia Hernández, por lo que exigen al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México su liberación inmediata.
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El 18 de octubre de 2020, recordaron, 22 elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Hernández Montalván en la caseta de Amozoc, Puebla, sin orden judicial y sin que se le informara la razón de su detención.
Durante el operativo, detallan, fue sometida a malos tratos y violencia física: su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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La coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive” y cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG) fue acusada de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación en pandilla” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, señalaron a Kenia Hernández como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”, por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, Morelos, penal de máxima seguridad.
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Actualmente, enfrenta 11 procesos en su contra como represalia a su labor. Entre ellos, dos sentencias que suman más de 20 años en prisión en el Estado de México, por el delito de “robo con violencia”. Los otros nueve procesos son federales por el supuesto delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, tres de los cuales han sido suspendidos.
Las ONG´s coinciden en que los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades: se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones. Todo ello ha llevado a la defensora a realizar dos huelgas de hambre, la primera el 17 de mayo de 2021, que duró 21 días, y la segunda el 17 de octubre de 2021, que mantuvo durante 61 días.
Estas huelgas de hambre han profundizado su situación de vulnerabilidad y riesgo.
Expusieron que a lo largo de tres años de su privación arbitraria de la libertad en el CEFERESO No. 16 - único penal femenil de máxima seguridad en México-, ha sufrido discriminación basada en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzgo.
Además, la defensora ha denunciado restricciones en su acceso a consultas médicas y al agua potable; ha sido sujeta a situaciones extremas de aislamiento, incluso a través del desalojo de un pabellón de 29 celdas para garantizar su reclusión en total aislamiento, al ser considerada una “interna peligrosa” hay un estricto control en su correspondencia, lo que ha impedido trasladarle insumos, restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan su caso.
Hernández Montalván es considerada defensora de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, y de los pueblos indígenas; acompañaba a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de su libertad y a las personas afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano.
“Las organizaciones urgen a las autoridades a anular las condenas que pesan en su contra, ya que parecen tener como único objetivo obstaculizar su labor en defensa de los derechos humanos, y a garantizar medidas de reparación por los daños causados”, concluyeron.