La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) tiene listas las primeras 297 solicitudes de amnistía que remitirá a la Comisión parlamentaria especial para que sean estudiadas y, en su defecto, otorgadas, estas incluyen a procesados y sentenciados que les fue fabricado el delito.
José Humbertus Pérez Espinoza, fundador y titular de esta organización, expuso que los expedientes forman parte de un primer bloque, e indicó que ya trabaja en la integración de otros 373 casos que se encuentran en el mismo supuesto: acusaciones por delitos de alto impacto que fueron fabricados, en los que se incumplió e inobservó el control de convencionalidad por parte de los órganos del Estado y/o se violentaron los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Asimismo, Pérez Espinoza recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), recogida en México y reconocida como obligatoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla, señala como obligatorio para todos los jueces del país el control de convencionalidad, por lo tanto debe aplicarse de manera oficiosa sin que las partes lo invoquen o lo soliciten.
De las primeras 297 solicitudes de amnistía preparadas por PIDH, 97 son por el delito de robo con violencia, 69 por homicidio, 61 por secuestro, 34 por violación, 19 por extorsión, 5 por delincuencia organizada, 4 por abuso sexual, 3 por portación de arma prohibida, 2 por feminicidio, uno por cohecho, otro por despojo y uno más por lesiones.
Todos, afirmó, cumplen con la metodología de la ley, contienen una serie de códigos electrónicos, están referenciados y contenidos en una base de datos electrónica o base de datos madre con información pormenorizada de las violaciones a los derechos humanos o al debido proceso que ocurrieron en cada caso.
Los expedientes, indicó, tienen pruebas y denuncias de detenciones arbitrarias o ilegales, tortura, tratos crueles e inhumanos, prolongación en la puesta a disposición con agentes aprehensores que piden dinero para no llevar ante el Ministerio Público a un inocente, fallas en la aplicación de los principios del sistema de justicia penal acusatorio, tales como pruebas incompletas e insuficientes para condenar, así como la falta de garantía al principio de presunción de inocencia.
Además, hay condenas sin la presencia a juicio de víctimas o testigos, contraviniendo los principios de contradicción e inmediación; igualmente, se viola en los procesados y acusados el principio de igualad de partes ya que los jueces no toman en cuenta sus pruebas y no se aplica el principio de la duda razonable a favor del imputado.
“La plena presunción de fabricación de delitos se da por la falta de carrera ministerial, policial y pericial, porque en todos los casos que presentamos no existe, por parte del ministerio público, investigación preliminar y judicializada, el 90% de los delitos son detenciones en flagrancia que no son otra cosa que detenciones arbitrarias o ilegales”, añadió.
Por tanto, confió en que a la brevedad se reponga la cita convenida con la Comisión Especial de la Legislatura para hacer entrega de estas peticiones, pues la programada para este jueves se suspendió.