La Legislatura local aprobó la ampliación del plazo para la revisión de las cuentas públicas estatales y municipales de cinco a nueve meses. En lo sucesivo, la calificación del ejercicio del gasto público se realizará con dos años de desfase, debido a que la tendencia en informes contemporáneos muestra que la fiscalización y el gasto se están llevando a cabo al mismo tiempo.
Hasta ahora, el año corriente se revisan las cuentas públicas (los estados de cuenta de la forma en que se gastó el erario) del ejercicio anterior, por lo que, de cualquier manera, la calificación implicaba ya un año de desfase. Sin embargo, a partir de la Cuenta Pública 2020, los resultados de la revisión y calificación podrán conocerse hasta 2022, pues al reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, los diputados dispusieron que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) tenga para el análisis hasta el 30 de enero del año siguiente al que se reciban las cuentas públicas, en lugar del 30 de septiembre del año en que es recibido el documento, como ocurría.
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No obstante, los diputados consideraron que los cambios fortalecen la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos, al dar mayor oportunidad para una revisión exhaustiva, “toda vez que las actividades de fiscalización se han vuelto más complejas por la cantidad de información que generan las entidades fiscalizables”.
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El pleno cameral también avaló que la presentación del informe de las entidades fiscalizables ahora sea trimestral y no mensual, a efectos de que, tanto las entidades, como el OSFEM sean más eficientes en su integración y revisión, respectivamente.
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Las reformas, indicaron los legisladores, permitirán además modernizar los procesos de revisión con el uso de tecnologías avanzadas en la fiscalización para reducir tiempos y distancias, y favorecer el enfoque preventivo.
Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, indicó que la iniciativa, presentada por el grupo parlamentario de Morena, privilegia el desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas en las actividades de fiscalización y el uso de técnicas de información o análisis de datos y su visualización para identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos, y modifica conceptos, denominación y periodicidad de informes de resultados.