El 18 de octubre de 2020, recordaron, 22 elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Hernández Montalván en la caseta de Amozoc, Puebla, sin orden judicial y sin que se le informara la razón de su detención.
En su Informe de Observación al juicio denominado “México vs Kenia Hernández”, el organismo advierte que la determinación tomada en marzo de 2022 contra la coordinadora del colectivo Zapata Vive “parece haber sido un instrumento de represalia como respuesta a su activismo por los derechos humanos”.
La orden de arresto tiene fecha para concretarse el 27 de mayo. El además abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) explicó que la determinación se tomó porque el juez considera que con la petición del traductor indígena se interrumpe el juicio contra Hernández Montalván, considerando que ella habla español.
El Zeferino Ladrillero alertó que la intención de autoridades y concesionarios es sentenciar a Hernández Montalván, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y dirigente del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, a cinco años con cinco meses de prisión por el delito de obstrucción a las vías de comunicación.
José Antonio Lara, abogado del Zeferino Ladrillero y defensor de Hernández Montalván, señaló que el mismo día en que la Fiscalía determinó no ejercer acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (14 de enero), también solicitó al juez para ella una pena de cinco años
El defensor indicó que ambas instituciones aseguran que Kenia Inés no puede ser juzgada bajo perspectiva de género porque esto aplica para mujeres sumisas, vulnerables, que no saben defenderse, mientras que la activista representa todo lo contrario.
En conferencia de prensa, reveló que, desde marzo de 2019, Caminos y Puentes Federales (Capufe) presentó denuncias penales en contra de Hernández.
